CDC: 2011-2012 Flu Season


2011-2012 Flu Season

This page provides information about the 2011-2012 influenza season, including information about the season’s vaccines, vaccination recommendations and disease activity.

This year’s recommendations are issued in a shortened format because there are relatively few changes from the 2010-2011 recommendations.

Questions & Answers

Atlheltes with marked ECG repolarizacion abnormalities


Pelliccia A, Di Paolo FM, Quattrini FM, Basso C, Culasso F, Popoli G et alOutcomes in Athletes with Marked ECG Repolarization Abnormalities. N Engl J Med 2008; 358: 152-161.   TC   PDF

Introducción

Los deportistas presentan alteraciones ECG parecidas a las de la HVI. Estas consisten habitualmente en ondas R o S pronunciadas, pero en ocasiones también presentan T invertidas y profundas. Se desconoce si estas alteraciones de la repolarización son indicativas de alguna cardiomiopatía subyacente.

Objetivo

Evaluar los resultados clínicos asociados a la presencia de trastornos de la repolarización en atletas jóvenes.

Perfil del estudio

Tipo de estudio: Estudio de cohortes
Área del estudio: Pronóstico
Ámbito del estudio: Comunitario

Métodos

En Italia es obligatorio desde hace 25 años que todos los participantes en competiciones oficiales pasen un examen médico y un ECG previo a las mismas. Los deportistas que forman parte de las selecciones nacionales y aquellos a los que se les detectan anomalías electrocardiográficas son atendidos en el Instituto de Ciencia y Medicina de los Deportes, donde se lleva a cabo un estudio que incluye un ECG convencional, una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma.
Se revisó la base de datos de los deportistas atendidos en este Instituto entre 1979 y 2001 y se identificaron los que presentaban trastornos de la repolarización importantes (ondas T negativas ≥2 mm en ≥3 derivaciones excepto en DIII y predominantemente en las derivaciones V2-V6). Se excuyó a los que tenían evidencia de lesiones estructurales en el ecocardiograma inicial. Como controles se seleccionaron deportistas entre los 20 siguientes a cada uno de los casos con ECG normal apareados por edad, sexo y duración del seguimiento.

Resultados

Se incluyeron en el grupo de casos 81 deportistas (fig. 1). Para ellos se seleccionaron 229 controles que fueron seguidos durante el mismo periodo de tiempo. En el 67% de los casos se detectaron más alteraciones ECG, entre las que destacaban incrementos de los voltajes de las R o las S (52%) y Q profundas (10%). No se apreciaron diferencias entre los casos y los controles. La edad media de los participantes era de 22 años y el 71% eran varones. Los deportes en los que participaban más frecuentemente eran remo, fútbol y waterpolo. El seguimiento medio fue de 9 años. Al final del periodo de seguimiento, el 78% seguían haciendo deporte regularmente, un 21% habían abandonado la práctica deportiva y 1 de los individuos había muerto.
Durante el seguimiento, las alteraciones de la repolarización se mantuvieron inalteradas en el 67% de los individuos, mejoraron en el 18% (menos derivaciones o menor profundidad de las ondas T) y se normalizaron en el 15% restante. En ninguno de los deportistas se apreciaron cambios en el volumen ventricular.
En 11 deportistas con alteraciones de la repolarización se detectaron cardiopatías en el seguimiento (14%). Uno murió a los 24 años un año después de la valoración inicial por una cardiomiopatía ventricular derecha arritmogénica que no se había detectado. En 3 se detectó una cardiomiopatía hipertrófica y en uno una cardiomiopatía dilatada. Uno de los individuos con cardiomiopatía hipertrófica sufrió un paro cardiorrespiratorio del que se recuperó. Otros 6 pacientes del grupo con alteraciones de la repolarización desarrollaron enfermedades cardiovasculares (3 HTA , 1 cardiopatía isquémica que requirió revascularización, 1 miocarditis y 1 taquicardia supraventricular paroxística que requirió ablación). En todos los deportistas que presentaron cardiomiopatías las anomalías ECG se mantuvieron a lo largo de todo el seguimiento.
Ninguno de los controles desarrolló una cardiomiopatía y sólo 4 desarrollaron algún trastorno cardiovascular: 2 taquicardia supraventricular, 1 miocarditis y 1 pericarditis.

Conclusiones

Los autores concluyen que las alteraciones ECG en deportistas jóvenes y aparentemente sanos pueden ser un indicio de cardiomiopatías subyacentes que pueden no hacerse evidentes hasta años más tarde, por lo que deben ser objeto de vigilancia clínica.

Conflictos de interés

Ninguno declarado. Financiado por el Comité Olímpico Italiano.

Comentario

La práctica habitual de deporte (no deporte de élite) tiene consecuencias cardiovasculares beneficiosas. Sin embargo, no es excepcional que en el deporte de élite se den casos de muerte súbita en el transcurso de una prueba deportiva. Se ha demostrado que un programa de cribado preparticipación disminuye el riesgo de estos accidentes.
En el corazón de las personas entrenadas se desarrollan unos cambios que se conocen como el corazón del deportista. Entre ellos destacan el aumento del tamaño y del volumen de las cavidades cardíacas, en especial del ventrículo izquierdo. Fruto de estos cambios, un 40% de los deportistas presentan alteraciones en el ECG, entre las que las más frecuentes son repolarizaciones precoces, incremento del voltaje del QRS, inversiones más o menos difusas de las ondas T y Q profundas, así como alteraciones de la conducción cardíaca (bradicardias, bloqueos AV tipo Wenkeback y ritmos nodales), así como arritmias ventriculares (extrasístoles e incluso salvas de taquicardia ventricular). Estas alteraciones pueden simular y dificulatar el diagnóstico de determinadas enfermedades cardíacas como las cardiomiopatias hipertrófica, dilatada o la cardioimiopatía ventricular derecha arritmogénica, que es la principal causa de muerte súbita en personas jóvenes.
De los resultados de este estudio se desprende que los deportistas que presentan alteraciones de la repolarización importantes (aproximadamente un 1%) tienen un mayor riesgo de presentar una cardiomiopatía que los que tienen un ECG normal, incluso aunque en la valoración inicial el resto de las exploraciones sean normales (valor predictivo positivo 6%). Estas cardiomiopatías pueden incluso poner en riesgo la vida de la persona (2 sufrieron cuadros de paro cardiorrespiratorio), por lo que parece prudente la recomendación de los autores de hacer un seguimiento clínico.

Bibliografía

  1. Corrado D, Basso C, Pavei A, Michieli P, Schiavon M, Thiene GTrends in Sudden Cardiovascular Death in Young Competitive Athletes After Implementation of a Preparticipation Screening Program. JAMA 2006; 296: 1593-1601.    TC   PDF  RC
  2. Maron BJ, Pelliccia AThe Heart of Trained Athletes: Cardiac Remodeling and the Risks of Sports, Including Sudden Death. Circulation 2006; 114: 1633-1644.   TC (s)   PDF (s)
  3. Pelliccia A, Maron BJ, Culasso F, et alClinical significance of abnormal electrocardiographic patterns in trained athletes. Circulation 2000; 102: 278-284.    TC  PDF

Autor

Manuel Iglesias Rodal. Correo electrónico: mrodal@menta.net.

Enhanced by Zemanta

Pharmalot: A Paroxetine study and retractation


Brown University, A Paxil Study And Retractions

For the past few years, an effort has been under way by a pair of academics to retract a study about the Paxil antidepressant in the Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry that concluded the GlaxoSmithKline pill was “generally well tolerated and effective for major depression in adolescents.” Why? Since then, the 2001 paper has been discredited amid charges that primary and secondary outcomes were conflated, selective results were reported and ghostwriting was involved (see this).
The details became known more three years ago as documents emerged from investigations (look here) and lawsuits charging Glaxo hid various risks. By then, the FDA required Glaxo to place a Black Box warning about suicidality in youngsters and UK regulators recommended the drug not be given to those under 18 years of age. But by 2010, the paper had been cited in more than 200 other articles, many of which continued to point to the study as evidence that Paxil is effective in treating adolescent depression, according to BMJ.
The listed lead author of the paper, which was also known as study 329, was Martin Keller, a psychiatrist at Brown University (pictured to the right; background here). He was also among more than two dozen academics who were investigated by the Senate Finance Committee over alleged failures to properly disclose of federal grants to research drugs at the same time these professors had accepted payments from drugmakers (look here). Consequently, a pair of academics asked the JACAAP to issue a retraction, but were rebuffed. The editor told BMJ the paper does not contain any inaccuracies and negative findings are included in a results table and, as a result, there are no grounds for withdrawal (read here).
martin-kellerAnd so last October, the same two academics – Jon Jureidini, associate professor of psychiatry at the University of Adelaide, and Leemon McHenry, a lecturer in philosophy at California State University – were joined by two dozen others and wrote to Brown University officials to request that they seek a retraction (read the letter), but they were again rebuffed.
Last month, they received a letter from Ed Wing, who is the dean of the medical school, to say the university would not write the JACAAP to seek a retraction (here is the Wing letter). No explanation was given and he did not respond to a request for comment or The Brown Daily Herald, which first reported the official rejection (see here).
The controversy raised questions about if and when a journal article should be retracted. As BMJ noted in its coverage last year, the Committee on Publication Ethics expanded its own view and recommended retraction if journals “have clear evidence that the findings are unreliable.” The point is to “correct the literature and ensure its integrity” rather than to punish authors (here are the guidlines). And the International Committee of Medical Journal Editors urge retraction in the event of scientific fraud or if an error is “so serious as to vitiate the entire body of work (read here).
The Paxil study also underscored the ongoing dispute over ghostwriting, which has embroiled several drugmakers in scandal. The issue has become so contentious that, several months ago, a pair of University of Toronto academics suggested two legal remedies – pursuing class action lawsuits based on the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, or RICO, and filing claims of ‘fraud on the court’ against a drugmaker that uses ghostwritten articles in litigation (read here). And two other academics recently published a paper in which they suggested that all authors should be required to sign a statement guaranteeing that no ghostwriters participated in writing a submitted paper and that all medical writers should be listed as authors on the byline (see this).
However, the failure of universities to investigate instances where their professors may have engaged in ghostwriting has also generated criticism. Last year, Dalhouse University declined to examine allegations of ghostwriting and the involvement of psychiatry professor Stan Kutcher, who was listed as a co-author on Paxil study 329 (read here). “I find it very disturbing that a university that is suppose to be standing up for the highest academic values is unwilling to take any action when its faculty members violate those values,” Joel Lexchin, a professor of health policy at York University in Toronto and one of the academics who signed the letter to Brown University concerning a retraction, writes us.
The Department of Health & Human Services, by the way, was also reluctant to pursue the matter. In a letter last November to Jureidini, John Dahlberg, the director of the Division of Investigation Oversight in the Office of Research Integrity at the HHS, noted that Paxil effectiveness was “apparently exaggerated.” But he went on to say that his office was unable to pursue an investigation due to the statute of limitations.
Due to the statute, “…allegations of falsification, fabrication or plagiarism must be made within six years of the alleged misconduct… Further, given the significant lapse of time between the time the study was conducted and concerns raised, the likelihood of being able to conduct a fair and objective review, given the inevitable difficulties in locating records and relying on memories of events well over 10 years ago, seems remote” (here is the letter). Say Jureidini: “We are a bit stuck about where to take it from here.”

Enhanced by Zemanta

Association of antenatal corticosteroids with mortality and neurodevelopmental outcomes among infants born at 22 to 25 weeks’ gestation.


JAMA. 2011 Dec 7;306(21):2348-58.

Association of antenatal corticosteroids with mortality and neurodevelopmental outcomes among infants born at 22 to 25 weeks’ gestation.

Source

Department of Pediatrics, University of Alabama, 9380 Women and Infants Center, 1700 Sixth Ave S, Birmingham, AL 35249, USA. wcarlo@peds.uab.edu

Abstract

CONTEXT:

Current guidelines, initially published in 1995, recommend antenatal corticosteroids for mothers with preterm labor from 24 to 34 weeks’ gestational age, but not before 24 weeks due to lack of data. However, many infants born before 24 weeks’ gestation are provided intensive care.

OBJECTIVE:

To determine if use of antenatal corticosteroids is associated with improvement in major outcomes for infants born at 22 and 23 weeks’ gestation.

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS:

Cohort study of data collected prospectively on inborn infants with a birth weight between 401 g and 1000 g (N = 10,541) born at 22 to 25 weeks’ gestation between January 1, 1993, and December 31, 2009, at 23 academic perinatal centers in the United States. Certified examiners unaware of exposure to antenatal corticosteroids performed follow-up examinations on 4924 (86.5%) of the infants born between 1993 and 2008 who survived to 18 to 22 months. Logistic regression models generated adjusted odds ratios (AORs), controlling for maternal and neonatal variables.

MAIN OUTCOME MEASURES:

Mortality and neurodevelopmental impairment at 18 to 22 months’ corrected age.

RESULTS:

Death or neurodevelopmental impairment at 18 to 22 months was significantly lower for infants who had been exposed to antenatal corticosteroids and were born at 23 weeks’ gestation (83.4% with exposure to antenatal corticosteroids vs 90.5% without exposure; AOR, 0.58 [95% CI, 0.42-0.80]), at 24 weeks’ gestation (68.4% with exposure to antenatal corticosteroids vs 80.3% without exposure; AOR, 0.62 [95% CI, 0.49-0.78]), and at 25 weeks’ gestation (52.7% with exposure to antenatal corticosteroids vs 67.9% without exposure; AOR, 0.61 [95% CI, 0.50-0.74]) but not in those infants born at 22 weeks’ gestation (90.2% with exposure to antenatal corticosteroids vs 93.1% without exposure; AOR, 0.80 [95% CI, 0.29-2.21]). If the mothers had received antenatal corticosteroids, the following events occurred significantly less in infants born at 23, 24, and 25 weeks’ gestation: death by 18 to 22 months; hospital death; death, intraventricular hemorrhage, or periventricular leukomalacia; and death or necrotizing enterocolitis. For infants born at 22 weeks’ gestation, the only outcome that occurred significantly less was death or necrotizing enterocolitis (73.5% with exposure to antenatal corticosteroids vs 84.5% without exposure; AOR, 0.54 [95% CI, 0.30-0.97]).

CONCLUSION:

Among infants born at 23 to 25 weeks’ gestation, antenatal exposure to corticosteroids compared with nonexposure was associated with a lower rate of death or neurodevelopmental impairment at 18 to 22 months.

PMID:

 

22147379

 

[PubMed – indexed for MEDLINE]

La FDA, acusada de ‘espiar’ a sus empleados | Noticias | elmundo.es


In Atheists We Distrust


Fraction of atheists and agnostics in differen...Image via Wikipedia


In Atheists We Distrust
Subjects believe that people behave better when they think that God is watching over them
By Daisy Grewal  | January 17, 2012 | 124
 
Pherhaps this is the reason why most of people believe in a dollar than other things: “in God we Trust”……..

For jobs that require a lot of trust, people tend to prefer the faithful Image: iStock/Classix

Atheists are one of the most disliked groups in America. Only 45 percent of Americans say they would vote for a qualified atheist presidential candidate, and atheists are rated as the least desirable group for a potential son-in-law or daughter-in-law to belong to. Will Gervais at the University of British Columbia recently published a set of studies looking at why atheists are so disliked. His conclusion: It comes down to trust.

Gervais and his colleagues presented participants with a story about a person who accidentally hits a parked car and then fails to leave behind valid insurance information for the other driver. Participants were asked to choose the probability that the person in question was a Christian, a Muslim, a rapist, or an atheist. They thought it equally probable the culprit was an atheist or a rapist, and unlikely the person was a Muslim or Christian. In a different study, Gervais looked at how atheism influences people’s hiring decisions. People were asked to choose between an atheist or a religious candidate for a job requiring either a high or low degree of trust. For the high-trust job of daycare worker, people were more likely to prefer the religious candidate. For the job of waitress, which requires less trust, the atheists fared much better.

It wasn’t just the highly religious participants who expressed a distrust of atheists. People identifying themselves as having no religious affiliation held similar opinions. Gervais and his colleagues discovered that people distrust atheists because of the belief that people behave better when they think that God is watching over them. This belief may have some truth to it. Gervais and his colleague Ara Norenzayan have found that reminding people about God’s presence has the same effect as telling people they are being watched by others: it increases their feelings of self-consciousness and leads them to behave in more socially acceptable ways.

When we know that somebody believes in the possibility of divine punishment, we seem to assume they are less likely to do something unethical. Based on this logic, Gervais and Norenzayan hypothesized that reminding people about the existence of secular authority figures, such as policemen and judges, might alleviate people’s prejudice towards atheists. In one study, they had people watch either a travel video or a video of a police chief giving an end-of-the-year report. They then asked participants how much they agreed with certain statements about atheists (e.g., “I would be uncomfortable with an atheist teaching my child.†) In addition, they measured participants’ prejudice towards other groups, including Muslims and Jewish people. Their results showed that viewing the video of the police chief resulted in less distrust towards atheists. However, it had no effect on people’s prejudice towards other groups. From a psychological standpoint,
God and secular authority figures may be somewhat interchangeable. The existence of either helps us feel more trusting of others.

Gervais and Norenzayan’s findings may shed light on an interesting puzzle: why acceptance towards atheism has grown rapidly in some countries but not others. In many Scandinavian countries, including Norway and Sweden, the number of people who report believing in God has reached an all-time low. This may have something to do with the way these countries have established governments that guarantee a high level of social security for all of their citizens.  Aaron Kay and his colleagues ran a study in Canada which found that political insecurity may push us towards believing in God. They gave participants two versions of a fictitious news story: one describing Canada’s current political situation as stable, the other describing it as potentially unstable. After reading one of the two articles, people’s beliefs in God were measured. People who read the article describing the government as potentially unstable were more likely to agree that God, or some other type of nonhuman entity, is in control of the universe. A common belief in the divine may help people feel more secure. Yet when security is achieved by more secular means, it may remove some of the draw of faith.
The findings on why we distrust atheists also point towards another potential way of reducing such prejudice: by reminding people of charitable and altruistic acts committed in the name of atheism. In recent years, there has been a growing number of virtual communities dedicated to those interested in atheism. Some of these communities have begun to organize charitable efforts. For example, the Haiti earthquake led members of Richard Dawkins’ foundation to launch a campaign entitled Non-Believers Giving Aid. In December the Reddit.com online atheism community managed to raise over $200,000 worth of donations for Doctors Without Borders. It is possible that greater public awareness of altruistic atheists may help alleviate some of the distrust that many Americans feel towards nonbelievers.

Are you a scientist who specializes in neuroscience, cognitive science, or psychology? And have you read a recent peer-reviewed paper that you would like to write about? Please send suggestions to Mind Matters editor Gareth Cook, a Pulitzer prize-winning journalist at The Boston Globe. He can be reached at garethideas AT gmail.com or Twitter @garethideas.

  Via: Carlos Alberto Morales Paitán 
  Source : Forum Salud Loreto
  www.karlmoralesp2010.blogspot.com

Enhanced by Zemanta

Por una internet libre


Image representing Google as depicted in Crunc...Image via CrunchBase

Los derechos de autor, el copyright, cualquier argumento de esos cae rendido en esta epoca. Todo lo que alguna vez circulo de una maquina a otra, y aun las propias, son susceptibles de ser invadidas.

Pero esto no solo pasa por ahi, las dificultades que tenemos para acceder a articulos, que no son para nosotros sino para otros. O aun yo mismo que no puedo leer un par de articulos que escribi en alguna revista, y no se si fue editado, solo aparecio en el indice. Todos lo conocemos. No creo que alguien se sienta ofendido si le divulgan un libro, salvo que solo trabaje de escritor, pero quien haya publicado uno, sabe que la ganancia es exigua en dinero, pero sin duda prestigia. De hecho soy autor de 3 libros, y participe en otros dos, de esos dos, no me alcanza el dinero para pagarlos. Paradojico no? Y en todo caso, quien de aca no ha bajado algun libro de algun blog mio ? O visto un paper conseguido de prestado. No somos ladrones, me gustaria poder disfrutar de la lectura mucho mas. Y no solo leer el abstract. Porque no leemos para nosotros, sino para ser mejores medicos, para poder ayudar, o al menos creo eso. No soy librero. Y si pague a megaupload un dinero para poder alojar mis cosas porque mi disco duro no da mas. No tengo la suerte de poder cambiarla. Los organismos internacionales pagan, pero no tanto.

Mas alla de eso subyacen otros problemas, como estar actualizado con una revista que va a liberar la informacion dentro de 3 años ? Claro que en Argentina es considerada un pais de mediano ingreso por PBI, y por ello lo unico gratis que tenemos es el NEJM y PLOS. De Cochrane ni hablar. Y los paises que si pueden acceder, porque su PBI per capita es muy bajo, apenas tienen computadoras. Y encima esta todo en ingles, y no todos los medicos lo hablamos.

Cuantos ECAs nos estaremos perdiendo de China por no saber cantones siquiera. Porque el n seguro les sobra. Años atras, un grupo de editoriales decidio liberar los papers a los 6 meses. Nadie cumplio. Cuantos papers hay en la llamada literatura gris, que es desechada pero valiosa. No seamos hipocritas, no es lo mismo si escribe un medico de John Hopkins que otro de El Salvador. Claro que la prevencion cuaternaria y las guerras no son topicos de la lista, aunque mueran miles diariamente por ello.

Quien de aqui no ha visto algo en youtube, pagando solo el abono de su conexion ? Google roba ? Creo que la web 2.0 o 3.0 no ha llegado a muchos, y me niego a ser como China que restringe la informacion a sus habitantes.

Los invito a que vean una mente brillante, una vieja pelicula que trataba de un matematico “esquizofrenico”. Pues bien, ese hombre desde Princeton gano un premio nobel en 1994. Y lo gano por su teoria de los modelos cooperativos. Algo asi como que si reparto parte de lo que tengo, y todos lo hacemos, todos ganamos mucho mas. Pueden leer el dilema del prisionero, que es mas claro que yo para explicarlo, esta en la wikipedia. Pero bueno, que yo sepa la wikipedia no tenia fines de lucro, y tambien esta en la mira. Sin irme del tema, lo que George Nash planteaba, no era mas ni menos que la mayor critica al modelo capitalista de Adam Smith. No parece ser un tema menor supongo. Un estadounidense destrozo 200 años de teorias economicas, y es un desconocido para la mayoria.

No se trata de megaupload, se trata de que si pido un articulo aqui y me lo mandan, con esa ley aprobada, estaran infringiendo la ley de EEUU. Porque uso gmail y los servidores de gmail son los de google, y estan en territorio de EEUU. Con toda humildad, los invito a pensar en esto, porque mañana u otro dia, la internet sera privada si dejamos avanzar esto, y la realidad, es que la internet nacio en universidades de EEUU, para descifrar codigos alemanes y japoneses. Y luego, mucho despues, alguien nos puso una pc en cada escritorio, y hoy el mundo gira alrededor de esto. No seria mas sano controlar la informacion de los brokers que trabajan 24 horas por dia, para no perderse ningun mercado del mundo jugando a la ruleta, en lugar de esta parodia que estamos viviendo ?

Internet nacio con un sentido militar, y no hace muchos años, se planteo otra internet de uso exclusivamente militar. No sera que necesitan de esta ? Me imagino a JFK mirando las fotos de los misiles cubanos, y hoy mirandolos por 400 dolares, via Google Hearth. Saludos. RR

Enhanced by Zemanta

Estatinas para niños


Journal of the American Medical AssociationImage via Wikipedia
Fuente: Enrique Gavilan
Via: Lista MEDFAM-APS España
El JAMA acaba de publicar un artículo de análisis, que adjunto,
intentando discutir las consecuencias que puede tener el reciente
informe de expertos norteamericanos sobre detección precoz de
hipercolesterolemia en niños y adolescentes (éste:
http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cvd_ped/summary.htm#chap9).

Sólo se salvan los bebés; a partir de los 2 añitos el sólo hecho de
que tengas un padre con un infarto antes de los 55 años hace que te
lleves como mínimo 2 pinchazos para medir la LDL. Y a partir de los 9
años, cribado universal…

La consecuencia lógica es que se prescriban estatinas a partir de la
conjunción de dos astros y unos LDL de entre 130-160. Me quedo frío.

Y todo ello, por la simple aplicación de, de nuevo, silogismos
fisiopatológicos y sin la más mínima evidencia, según el artículo del
JAMA, de que esta estrategia aporte más beneficios que riesgos. Salvo
por el uso indebido, una vez más, de variables surrogadas, como el
LDL.

Vale la pena leer el artículo, vale la pena…

Cuando sale este tema de los colesteroles en los niños siempre me
acuerdo de la anécdota que Petr Skranabek nos cuenta sobre la pequeña
Ariel y el helado furtivo. Vale la pena leerlo…

http://books.google.es/books?id=w_mdjxW5rjgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q=helado&f=false

Universal Screening Treatment Lipids Childrenhttp://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=78668156&access_key=key-1386qn9jr0asu8rl5bx0&page=1&viewMode=list

2011-2012 Influenza Season Week 1 ending January 7, 2012


2011-2012 Influenza Season Week 1 ending January 7, 2012


All data are preliminary and may change as more reports are received.

Synopsis:

During week 1 (January 1-7, 2012), influenza activity increased in the United States, but remains relatively low.

National and Regional Summary of Select Surveillance Components

HHS Surveillance Regions* Data for current week Data cumulative since October 2, 2011 (Week 40)
Out-patient ILI† % of respiratory specimens positive for flu‡ Number of jurisdictions reporting regional or widespread activity§ A (H3) 2009 H1N1 A(Subtyping not performed) B Pediatric Deaths
Nation Normal 3.4% 2 of 54 464 30 367 188 0
Region 1 Normal 2.2% 1 of 6 14 1 0 7 0
Region 2 Normal 0.5% 0 of 4 7 1 4 2 0
Region 3 Normal 0.7% 0 of 6 13 1 4 0 0
Region 4 Normal 3.7% 0 of 8 46 10 176 116 0
Region 5 Normal 9.0% 0 of 6 85 7 6 11 0
Region 6 Normal 1.1% 0 of 5 14 1 23 18 0
Region 7 Normal 4.9% 0 of 4 46 0 22 2 0
Region 8 Normal 7.9% 1 of 6 140 1 77 9 0
Region 9 Normal 5.4% 0 of 5 65 7 50 17 0
Region 10 Normal 2.6% 0 of 4 34 1 5 6 0
*HHS regions (Region 1 CT, ME, MA, NH, RI, VT; Region 2: NJ, NY, Puerto Rico, US Virgin Islands; Region 3: DE, DC, MD, PA, VA, WV; Region 4: AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, TN; Region 5: IL, IN, MI, MN, OH, WI; Region 6: AR, LA, NM, OK, TX; Region 7: IA, KS, MO, NE; Region 8: CO, MT, ND, SD, UT, WY; Region 9: AZ, CA, Guam, HI, NV; and Region 10: AK, ID, OR, WA). 
† Elevated means the % of visits for ILI is at or above the national or region-specific baseline 
‡ National data are for current week; regional data are for the most recent three weeks 
§ Includes all 50 states, the District of Columbia, Guam, Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands 

U.S. Virologic Surveillance:

WHO and NREVSS collaborating laboratories located in all 50 states report to CDC the number of respiratory specimens tested for influenza and the number positive by influenza type and subtype. The results of tests performed during the current week are summarized in the table below.
Week 1
No. of specimens tested 3,199
No. of positive specimens (%) 108 (3.4%)
Positive specimens by type/subtype
  Influenza A 102 (94.4%)
             2009 H1N1 5 (4.9%) 
             Subtyping not performed 42 (41.2%) 
             (H3) 55 (53.9%) 
  Influenza B 6 (5.6%)


Enhanced by Zemanta

CDC and Flu


2011-2012 Influenza Season Week 47 ending November 26, 2011


All data are preliminary and may change as more reports are received.

Synopsis:

During week 47 (November 20-26, 2011), influenza activity remained low in the United States.

National and Regional Summary of Select Surveillance Components

HHS Surveillance Regions* Data for current week Data cumulative since October 2, 2011 (Week 40)
Out-patient ILI† % of respiratory specimens positive for flu‡ Number of jurisdictions reporting regional or widespread activity§ A (H3) 2009 A (H1N1) A(Subtyping not performed) B Pediatric Deaths
Nation Normal 1.9% 0 of 54 79 8 104 75 0
Region 1 Normal 0.0% 0 of 6 1 0 0 3 0
Region 2 Normal 0.4% 0 of 4 2 0 2 1 0
Region 3 Normal 0.3% 0 of 6 2 0 3 0 0
Region 4 Normal 3.4% 0 of 8 8 1 74 48 0
Region 5 Normal 1.5% 0 of 6 10 2 1 6 0
Region 6 Normal 0.3% 0 of 5 4 0 2 8 0
Region 7 Normal 0.9% 0 of 4 6 0 3 1 0
Region 8 Normal 2.3% 0 of 6 20 1 11 0 0
Region 9 Normal 0.5% 0 of 5 18 4 4 6 0
Region 10 Normal 0.7% 0 of 4 8 0 4 2 0
*HHS regions (Region 1 CT, ME, MA, NH, RI, VT; Region 2: NJ, NY, Puerto Rico, US Virgin Islands; Region 3: DE, DC, MD, PA, VA, WV; Region 4: AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, TN; Region 5: IL, IN, MI, MN, OH, WI; Region 6: AR, LA, NM, OK, TX; Region 7: IA, KS, MO, NE; Region 8: CO, MT, ND, SD, UT, WY; Region 9: AZ, CA, Guam, HI, NV; and Region 10: AK, ID, OR, WA). 
† Elevated means the % of visits for ILI is at or above the national or region-specific baseline 
‡ National data are for current week; regional data are for the most recent three weeks 
§ Includes all 50 states, the District of Columbia, Guam, Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands 

U.S. Virologic Surveillance:

WHO and NREVSS collaborating laboratories located in all 50 states report to CDC the number of respiratory specimens tested for influenza and the number positive by influenza type and subtype. The results of tests performed during the current week are summarized in the table below.
Week 47
No. of specimens tested 2,130
No. of positive specimens (%) 40 (1.9%)
Positive specimens by type/subtype
  Influenza A 33 (82.5%)
             A (2009 H1N1) 1 (3.0%) 
             A (subtyping not performed) 26 (78.8%) 
             A (H3) 6 (18.2%) 
  Influenza B 7 (17.5%)


INFLUENZA Virus Isolated
View National and Regional Level Graphs and Data | View Chart Data | View Full Screen | View PowerPoint Presentation Microsoft PowerPoint file

Antigenic Characterization:

CDC has antigenically characterized 21 influenza viruses [one 2009 influenza A (H1N1), 16 influenza A (H3N2) viruses, and four influenza B viruses] collected by U.S. laboratories since October 1, 2011.
Influenza A (H1N1) [1]
  • One virus was characterized as A/California/7/2009-like, the influenza A (H1N1) component of the 2011-12 influenza vaccine for the Northern Hemisphere.
Influenza A (H3N2) [16]
  • All 16 were characterized as A/Perth/16/2009-like, the influenza A (H3N2) component of the 2011-12 influenza vaccine for the Northern Hemisphere.
Influenza B (B/Victoria/02/87 and B/Yamagata/16/88 lineages) [4]:
  • Victoria Lineage [3]: Three of four B viruses tested belong to the B/Victoria lineage of viruses and were characterized as B/Brisbane/60/2008-like, the recommended influenza B component for the 2011-12 Northern Hemisphere influenza vaccine.
  • Yamagata Lineage [1]: One of four B viruses tested belongs to the B/Yamagata lineage of viruses.
It is too early in the influenza season to determine how well the seasonal vaccine and circulating strains will match.


Antiviral Resistance:

Testing of 2009 influenza A (H1N1), influenza A (H3N2), and influenza B virus isolates for resistance to neuraminidase inhibitors (oseltamivir and zanamivir) is performed at CDC using a functional assay. Additional 2009 influenza A (H1N1) clinical samples are tested for a single mutation in the neuraminidase of the virus known to confer oseltamivir resistance (H275Y). The data summarized below combine the results of both testing methods. These samples are routinely obtained for surveillance purposes rather than for diagnostic testing of patients suspected to be infected with antiviral resistant virus.
High levels of resistance to the adamantanes (amantadine and rimantadine) persist among 2009 influenza A (H1N1) and A (H3N2) viruses (the adamantanes are not effective against influenza B viruses). As a result of the sustained high levels of resistance, data from adamantane resistance testing are not presented in the table below.

Neuraminidase Inhibitor Resistance Testing Results on Samples Collected Since October 1, 2011

Oseltamivir Zanamivir
Virus Samples tested (n) Resistant Viruses, Number (%) Virus Samples tested (n) Resistant Viruses, Number (%)
Influenza A (H3N2) 24 0 (0.0) 24 0 (0.0)
Influenza B 2 0 (0.0) 2 0 (0.0)
Influenza A (2009 H1N1) 5 0 (0.0) 5 0 (0.0)
All viruses tested for the 2011-2012 season since October 1, 2011 have been susceptible to the neuraminidase inhibitor antiviral medications oseltamivir and zanamivir as were the majority of viruses tested last season; however, rare sporadic cases of oseltamivir resistant 2009 influenza A (H1N1) and A (H3N2) viruses have been detected worldwide. Antiviral treatment with oseltamivir or zanamivir is recommended as early as possible for patients with confirmed or suspected influenza who have severe, complicated, or progressive illness; who require hospitalization; or who are at greater risk for influenza-related complications. Additional information on recommendations for treatment and chemoprophylaxis of influenza virus infection with antiviral agents is available at (http://www.cdc.gov/flu/antivirals/index.htm).

Pneumonia and Influenza (P&I) Mortality Surveillance:

During week 47, 6.4% of all deaths reported through the 122-Cities Mortality Reporting System were due to P&I. This percentage was below the epidemic threshold of 7.1% for week 47.

Pneumonia And Influenza Mortality
View Full Screen | View PowerPoint Presentation Microsoft PowerPoint file


Influenza-Associated Pediatric Mortality:

Two influenza-associated pediatric deaths were reported to CDC during week 47. One death was associated with an influenza A (H3) virus and one was associated with a 2009 H1N1 virus. These deaths occurred during the 2010-11 influenza season and bring the total number of reported pediatric deaths occurring during that season to 120. No influenza-associated pediatric deaths occurring during the 2011-12 season have been reported to CDC.


Influenza-Associated Pediatric Mortality
View Full Screen | View PowerPoint Presentation Microsoft PowerPoint file

Influenza-Associated Hospitalizations:

The Influenza Hospitalization Network (FluSurv-NET) conducts population-based surveillance for laboratory-confirmed influenza related hospitalizations in children (persons younger than 18 years) and adults. The network covers more than 80 counties in the 10 Emerging Infections Program (EIP) states (CA, CO, CT, GA, MD, MN, NM, NY, OR, and TN) and four additional states (MI, OH, RI and UT). FluSurv-NET estimated hospitalization rates will be updated weekly starting later this season.

Outpatient Illness Surveillance:

Nationwide during week 47, 1.4% of patient visits reported through the U.S. Outpatient Influenza-like Illness Surveillance Network (ILINet) were due to influenza-like illness (ILI). This percentage is below the national baseline of 2.4%. (ILI is defined as fever (temperature of 100°F [37.8°C] or greater) and cough and/or sore throat.)

national levels of ILI and ARI
View National and Regional Level Graphs and Data | View Chart Data | View Full Screen | View PowerPoint Presentation Microsoft PowerPoint file 

On a regional level, the percentage of outpatient visits for ILI ranged from 0.6% to 2.1% during week 47. All 10 regions reported a proportion of outpatient visits for ILI below their region-specific baseline levels.


ILINet State Activity Indicator Map:

Data collected in ILINet are used to produce a measure of ILI activity* by state. Activity levels are based on the percent of outpatient visits in a state due to ILI and are compared to the average percent of ILI visits that occur during spring and fall weeks with little or no influenza virus circulation. Activity levels range from minimal, which would correspond to ILI activity from outpatient clinics being below the average, to intense, which would correspond to ILI activity from outpatient clinics being much higher than average.
During week 47, the following ILI activity levels were experienced:
  • All 50 states and New York City experienced minimal ILI activity (Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming).
  • Data were insufficient to calculate an ILI activity level from the District of Columbia.
Click on map to launch interactive tool
Click on map to launch interactive tool


*This map uses the proportion of outpatient visits to health care providers for influenza-like illness to measure the ILI activity level within a state. It does not, however, measure the extent of geographic spread of flu within a state. Therefore, outbreaks occurring in a single city could cause the state to display high activity levels.
Data collected in ILINet may disproportionately represent certain populations within a state, and therefore, may not accurately depict the full picture of influenza activity for the whole state. 
Data displayed in this map are based on data collected in ILINet, whereas the State and Territorial flu activity map are based on reports from state and territorial epidemiologists. The data presented in this map is preliminary and may change as more data is received. 
Differences in the data presented here by CDC and independently by some state health departments likely represent differing levels of data completeness with data presented by the state likely being the more complete.

Geographic Spread of Influenza as Assessed by State and Territorial Epidemiologists:

The influenza activity reported by state and territorial epidemiologists indicates geographic spread of influenza viruses, but does not measure the intensity of influenza activity.
During week 47, the following influenza activity was reported:
  • Local influenza activity was reported by one state (Massachusetts).
  • Sporadic influenza activity was reported by the District of Columbia, Guam, and 29 states (Alaska, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Texas, Utah, Washington, West Virginia, and Wisconsin).
  • No influenza activity was reported by the U.S. Virgin Islands and 21 states (Alabama, Arizona, Delaware, Georgia, Idaho, Kansas, Maine, Maryland, Michigan, Missouri, Montana, New Hampshire, New Jersey, North Carolina, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Tennessee, Vermont, Virginia, and Wyoming).
  • Puerto Rico did not report.


Additional National and International Influenza Surveillance Information

U.S. State and local influenza surveillance: Click on a jurisdiction below to access the latest local influenza information.
Distribute Project: Additional information on the Distribute syndromic surveillance project, developed and piloted by the International Society for Disease Surveillance (ISDS) now working in collaboration with CDC, to enhance and support Emergency Department (ED) surveillance, is available at http://isdsdistribute.org/External Web Site Icon
Google Flu Trends: Google Flu Trends uses aggregated Google search data in a model created in collaboration with CDC to estimate influenza activity in the United States. For more information and activity estimates from the U.S. and worldwide, seehttp://www.google.org/flutrends/External Web Site Icon
Europe: for the most recent influenza surveillance information from Europe, please see WHO/Europe athttp://www.euroflu.org/index.phpExternal Web Site Icon and visit the European Centre for Disease Prevention and Control athttp://ecdc.europa.eu/en/publications/surveillance_reports/influenza/Pages/weekly_influenza_surveillance_overview.aspx External Web Site Icon
Public Health Agency of Canada: The most up-to-date influenza information from Canada is available at http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/External Web Site Icon
World Health Organization FluNet: Additional influenza surveillance information from participating WHO member nations is available at http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/flunet/en/index.html External Web Site Icon
——————————————————————————–

Managing Drug Supply: Digital Edition


Guide to Science contents 1Image via Wikipedia

Resource Center

CONTENTS

Part I  Policy and Economic Issues

Policy and Legal Framework
  1. Toward Sustainable Access to Medicines
  2. Historical and Institutional Perspectives
  3. Intellectual Property and Access to Medicines
  4. National Medicine Policy
  5. Traditional and Complementary Medicine Policy
  6. Pharmaceutical Legislation and Regulation
  7. Pharmaceutical Production Policy 
  8. Pharmaceutical Supply Strategies
Financing and Sustainability
  1. Pharmaceutical Pricing Policy
  2. Economics for Pharmaceutical Management
  3. Pharmaceutical Financing Strategies
  4. Pharmaceutical Benefits in Insurance Programs
  5. Revolving Drug Funds and User Fees
  6. Global and Donor Financing
  7. Pharmaceutical Donations

Part II  Pharmaceutical Management

Selection
  1. Managing Medicine Selection
  2. Treatment Guidelines and Formulary Manuals
Procurement
  1. Managing Procurement
  2. Quality Assurance for Pharmaceuticals
  3. Quantifying Pharmaceutical Requirements
  4. Managing the Tender Process
Distribution
  1. Managing Distribution
  2. Inventory Management
  3. Importation and Port Clearing
  4. Transport Management
  5. Kit System Management
Use
  1. Managing for Rational Medicine Use
  2. Investigating Medicine Use
  3. Promoting Rational Prescribing
  4. Ensuring Good Dispensing Practices
  5. Community-Based Participation and Initiatives
  6. Drug Seller Initiatives
  7. Encouraging Appropriate Medicine Use by Consumers
  8. Medicine and Therapeutics Information
  9. Pharmacovigilance

Part III Management Support Systems

Planning and Administration
  1. Pharmaceutical Supply Systems Assessment
  2. Managing Pharmaceutical Programs
  3. Planning for Pharmaceutical Management
  4. Contracting for Pharmaceuticals and Services
  5. Analyzing and Controlling Pharmaceutical Expenditures
  6. Financial Planning and Management  
  7. Planning and Building Storage Facilities
Organization and Management
  1. Security Management
  2. Medical Stores Management
  3. Hospital Pharmacy Management
  4. Pharmaceutical Management for Health Facilities
  5. Laboratory Services and Medical Supplies
Information Management
  1. Monitoring and Evaluation
  2. Pharmaceutical Management Information Systems
  3. Computers in Pharmaceutical Management  
Human Resources Management
  1. Human Resources Management and Capacity Development
  2. Designing and Implementing Training Programs

Four Drugs Cause Most Hospitalizations in Older Adults


Image representing New York Times as depicted ...Image via CrunchBase

Via: New York Times – November 23, 2011, 5:00 PM

Four Drugs Cause Most Hospitalizations in Older Adults

Some medications may cause some dangerous reactions.Tony Cenicola/The New York TimesSome medications may cause dangerous reactions.
Blood thinners and diabetes drugs cause most emergency hospital visits for drug reactions among people over 65 in the United States, a new study shows.
Just four medications or medication groups — used alone or together — were responsible for two-thirds of emergency hospitalizations among older Americans, according to the report. At the top of the list was warfarin, also known as Coumadin, a blood thinner. It accounted for 33 percent of emergency hospital visits. Insulin injections were next on the list, accounting for 14 percent of emergency visits.
Aspirin, clopidogrel and other antiplatelet drugs that help prevent blood clotting were involved in 13 percent of emergency visits. And just behind them were diabetes drugs taken by mouth, called oral hypoglycemic agents, which were implicated in 11 percent of hospitalizations.
All these drugs are commonly prescribed to older adults, and they can be hard to use correctly. One problem they share is a narrow therapeutic index, meaning the line between an effective dose and a hazardous one is thin. The sheer extent to which they are involved in hospitalizations among older people, though, was not expected, said Dr. Dan Budnitz, an author of the study and director of the Medication Safety Program at the Centers for Disease Control and Prevention.
“We weren’t so surprised at the particular drugs that were involved,” Dr. Budnitz said. “But we were surprised how many of the emergency hospitalizations were due to such a relatively small number of these drugs.”
Every year, about 100,000 people in the United States over age 65 are taken to hospitals for adverse reactions to medications. About two-thirds end up there because of accidental overdoses, or because the amount of medication prescribed for them had a more powerful effect than intended.
As Americans live longer and take more medications — 40 percent of people over 65 take five to nine medications — hospitalizations for accidental overdoses and adverse side effects are likely to increase, experts say.
In the latest study, published in The New England Journal of Medicine, Dr. Budnitz and his colleagues combed through data collected from 2007 to 2009 at 58 hospitals around the country. The hospitals were all participating in a surveillance project run by the C.D.C. that looks at adverse drug events.
A common denominator among the drugs topping the list is that they can be difficult to use. Some require blood testing to adjust their doses, and a small dose can have a powerful effect. Blood sugar can be notoriously hard to control in people with diabetes, for example, and taking a slightly larger dose of insulin than needed can send a person into shock. Warfarin, meanwhile, is the classic example of a drug with a narrow margin between therapeutic and toxic doses, requiring regular blood monitoring, and it can interact with many other drugs and foods.
“These are medicines that are critical,” Dr. Budnitz said, “but because they cause so many of these harms, it’s important that they’re managed appropriately.”
One thing that stood out in the data, the researchers noted, was that none of the four drugs identified as frequent culprits are typically among the types of drugs labeled “high risk” for older adults by major health care groups. The medications that are usually designated high risk or “potentially inappropriate” are commonly used over-the-counter drugs like Benadryl, as well as Demerol and other powerful narcotic painkillers. And yet those drugs accounted for only about 8 percent of emergency hospitalizations among the elderly.
Dr. Budnitz said that the new findings should provide an opportunity to reduce the number of emergency hospitalizations in older adults by focusing on improving the safety of this small group of blood thinners and diabetes medications, rather than by trying to stop the use of drugs typically thought of as risky for this group.
“I think the bottom line for patients is that they should tell all their doctors that they’re on these medications,” he said, “and they should work with their physicians and pharmacies to make sure they get appropriate testing and are taking the appropriate doses.”

A UN AÑO DE CANCÚN Y DÍAS DE DURBAN: MÁS DE 4º C:



Balance y perspectivas de las negociaciones de cambio climáticocambio.jpg
                                                                                                                                       Pablo Solón
Ha pasado casi un año desde que los resultados de las negociaciones de cambio climático en Cancún se impusieran con la sola objeción de Bolivia. Ha llegado la hora de hacer un balance y ver donde estamos.
En Cancún los países desarrollados listaron sus promesas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el periodo 2012-2020. Estados Unidos y Canadá dijeron que iban a reducir sus emisiones en un 3% tomando en cuenta los niveles de 1990. La Unión Europea entre un 20% y un 30%. Japón un 25%. Rusia entre un 15% y un 25%[1]. Sumando todas las promesas la reducción de los países desarrollados la reducción de emisiones hasta el 2020 sería de un 13% a un 17%[2] tomando como referencia sus emisiones de 1990.
Estas “promesas” de reducción de emisiones según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente[3], el Instituto Medioambiental de Estocolmo[4] y la propia Secretaria Ejecutiva de la Convención de Cambio Climático [5] nos llevan a un incremento de la temperatura de alrededor de 4º C o más [6]. Es decir dos veces el objetivo que ellos establecieron en Cancún y que es limitar el incremento de la temperatura a solo 2º C.
Con un incremento de 2º C se incrementará a millones la cifra de 350.000 muertes por año que ya se produjeron el 2009 por desastres debidos al cambio climático[7]; entre un 20% y un 30% de las diferentes especies de plantas y animales desaparecerán; muchas zonas costeras e incluso estados insulares quedaran bajo el océano; y los glaciares de los Andes -que ya han perdido un tercio de su nieve con un incremento actual de la temperatura de 0,8º C- podrán desaparecer definitivamente.
¿Ahora se imaginan lo que significa un incremento promedio a nivel mundial de la temperatura de 4º C o mas[8]?
Nadie en las negociaciones de cambio climático defiende o justifica un incremento de tal magnitud. Sin embargo, Cancún abrió el camino para ello.
Cuando Bolivia se opuso a este resultado los negociadores nos dijeron que lo importante era salvar el proceso de negociación diplomática y que en Durban salvarían el clima. Ahora estamos a días de que empiece Durban y resulta que las cifras no se han movido ni un milímetro hacia arriba. Peor aun, algunos anuncian que podrían quedarse con el rango mas bajo de su promesa de reducción de emisiones.
Lamentablemente durante todo el año 2011 las negociaciones de cambio climático realizadas en Tailandia, Alemania y Panamá se han centrado en la forma más que en el contenido. Lo que se está negociando no es como subir las promesas de reducción de emisiones sino en como se las formaliza.
El “acuerdo” de Cancún es pasar de un régimen obligatorio y con metas globales de reducción de emisiones a un régimen voluntario y sin metas globales de reducción de emisiones. Es como si uno diría a los habitantes de un pueblito que puede ser arrasado por una inundación: “¡traigan las piedras que puedan y veremos cuan alto construimos una represa!” cuando en realidad lo que corresponde es definir primero la altura de la represa para contener el río que se avecina, y en función aello asignarle a cada familia la cantidad de piedras que debe traer para que la represa salve a todo el pueblo.
En Durban se discuten dos caminos para formalizar este “régimen voluntario de dejar hacer, dejar pasar”: uno es acabar en Durban con el Protocolo de Kyoto y listar las promesas de reducción de emisiones “que cada uno quiera” en una decisión de la COP 17. El otro camino es hacer lo mismo vaciando de contenido del Protocolo de Kyoto. En ambos casos el acuerdo es deshacerse definitivamente del Protocolo de Kyoto antes del 2020.
Para entender mejor este segundo camino, actualmente el Protocolo de Kyoto fija una meta global de 5,2 % de reducción de emisiones para el periodo 2007-2012. Lo que debería hacerse, para limitar el incremento de la temperatura a los 2º C que ellos han fijado, es reducir entre 25% y 40% las emisiones para el periodo 2013-2020 según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas[9]. Sin embargo, lo que quieren hacer es simplemente listar las “promesas de reducción voluntarias” sin hacer referencia a ninguna meta global que guarde relación con un determinado incremento de la temperatura.
Quienes abogan por mantener el protocolo de Kyoto como un cascaron vacío son los países que tienen miedo a una reacción de su opinión publica: “Al menos hay que dar la ilusión de que el Protocolo de Kyoto continúa para tranquilizar a nuestros electores”. Pero la otra razón que les lleva a continuar con un Protocolo de Kyoto vacío en reducción de emisiones son sus mecanismos de mercado de carbono que están colapsando.
El Protocolo de Kyoto tiene muchas debilidades, pero convertirlo en un cascarón vacío o hacerlo desaparecer en Durban es un suicidio. La única alternativa responsable con la vida es preservar el Protocolo de Kyoto con una meta de reducción de emisiones que no lleve a incendiar el planeta.
– Pablo Solón, analista internacional y activista social. Fue Jefe negociador para cambio climático y Embajador ante Naciones Unidas del Estado Plurinacional de Bolivia (2009-junio 2011). http://www.facebook.com/solonpablohttp://pablosolon.wordpress.com/
[1] Documento UNFCCC FCCC/SB/2011/INF.1
[2] 13% en el escenario de reducción de emisiones mínimas y 17% para las promesas máximas en el periodo 2013-2020
[6] 4° C es el promedio mundial, lo que implica que para algunos continentes como el África será 8º C.
[7] Datos del Foro Humanitario Global presidido por el ex Secretario de las Naciones Unidas Kofi Annan

Global Revolution


united states currency seal - IMG_7366_webImage by kevindean via Flickr

Meanwhile thousands of people are being arrested for the police department of several cities all across United States, people who belongs to the so called “we are the 99”, you will able to see that the streaming since Spain has been cut, we don´t know why, or who orders this. The so called democracy in the western hemisphere is being under the control of the powerful corporation who represents less than this 99%. If you feel like them spread the world,  whatever, whenever,  facebook, google plus, twitter, digg, just spread the world. This is the image of 10 minutes ago in Plaza del Sol, Spain.

Imagine of Sol at 6:18 GMT http://www.livestream.com/spanishrevolutionsol

Health and medicine 20 years after the Soviet Union


Soviet Union MapImage via Wikipedia

Health and medicine 20 years after the Soviet Union

This article is part of the series: 
Nearly two decades have now passed since the dissolution of the Soviet Union. Over the next several months we will be running a series of articles which consider a specific issues related to health and medicine in the former Soviet Union.  The articles comprising “20 Years After the Soviet Union” will highlight research by anthropologists and other social scientists on topics including psychiatric deinstitutionalization, HIV/AIDS, disability rights and population health.
By way of introduction, I’d like to mention a recent special issue of the open-access journal, the Anthropology of East Europe Review on “Health and Care Work in Postsocialist Eastern Europe and the Former Soviet Union.”  A number of the authors in this issue will also be contributing posts to our series, so look for them in the weeks and months ahead.  (For those articles which do not have abstracts, I have selectively quoted from introductory paragraphs).
Anthropological approaches to the study of health open up a range of questions and ways of conceptualizing social processes that are particularly valuable for understanding the transformations underway in the aftermath of state socialism. While public health and demographic analyses capture important macro-level shifts—from the dire spikes in Russia‘s male mortality and sexually transmitted infection rates that began in the early 1990s, to reductions in fertility and abortion that have continued throughout the region for over twenty years—public health scholars‘ efforts to understand these shifts are fraught with methodological and theoretical limitations that too rarely go unexamined. Anthropologists’ contributions to the study of health are thus important in several ways. First, they bring together attention to macro-level changes with ethnographic-based inquiry into what such shifts mean to the various persons and institutions involved in them. Second, the anthropological lens requires us to reflect continuously upon the assumptions and interests that guide our research in light of the meanings, practices, and contradictions we encounter in the field. This iterative, reflexive, and critical attention to our own analytical processes serves, ideally, as a safeguard against unwittingly projecting our own assertions of the real or the important onto others‘ lives. At the very least, we need to articulate and justify our perspectives and our questions, and clarify their relevance vis-a-vis the concerns of local actors.
In this brief essay, I propose that questions related to health after socialism help explain the trajectories and trials of life (and death) in former socialist contexts by revealing how daily life is embedded in shifting formations of citizenship, practices of distinguishing public and private, and changing notions of personhood. I also suggest that anthropological aims to understand the complex changes in this region critically—that is, through the continual questioning of our own assumptions and paradigms as outsiders—may require us to engage more closely with scholars from the region. If anthropologists have done much to consider health as a situated and historical practice, we have perhaps done less to examine our own production of knowledge about health and postsocialism in this light. I will conclude by arguing the need to enrich our analyses through more systematic processes of dialogue and debate with our colleagues in Eastern Europe and Eurasia.
This article will examine the dramatic changes that have occurred in Georgian healthcare since the Rose Revolution of 2003. What were the motives for the abrupt privatization of the Georgian economy, including the healthcare sector? The research for this article draws on interviews with Georgian physicians and healthcare administrators, the few reports that have been written about the attempts at privatization, lectures by Georgian politicians who have come to the US to explain the reform processes in Georgia, and my own observations working for the American International Health Alliance in Georgia over the past decade.
When HIV first appeared in Ukraine in the mid-1990s, it spread like wildfire through users of injected narcotics. By 2008, Ukraine was estimated to be home to 29% of all reported cases of HIV in Eastern Europe and Central Asia, making it the nation with the highest infection rate per capita in the region (UNAIDS 2008:24)…. In response to this, many non-governmental organizations have formed to implement prevention efforts among drug users specifically…In this article, I share a few insights about drug use as a social marker and women’s access to prevention programs, which were gained through several weeks of observations and interviews at [a non-profit HIV-prevention program in southern Ukraine]….
I argue that the daily interactions of both current and former injection drug users at [the program] are mediated by this social and biomedical identity in a way that shapes not only their behaviors and relationships, but also affects their access to different social roles and physical spaces. Furthermore, I argue that this social construct that defines who and what an injection drug user is has primarily incorporated masculine tropes of identity. Simply put, drug users are generally assumed to be male. This puts female addicts, who already suffer greater social and logistical obstacles in accessing preventative and therapeutic health care (Pinkham and Shapoval 2010), in an even more difficult position.
This paper will explore how mental health reforms in Ukraine—specifically the push for community mental health services—are playing out on the ground through provider and patient perspectives. I focus especially on the human rights discourse that is often utilized by mental health activists as a way to package these issues. I argue that the international agenda promoted in Ukraine, which pushes for western neoliberal-based political and economic reforms, has produced cultural and structural discrepancies and tensions which can be seen in the mental health field. Amid these cultural and structural changes, moreover, the neoliberal agenda forces Ukrainians to replace deeply rooted cultural tenants shaped by socialism with those of western capitalism. Human rights discourse has been adopted by a non-governmental organization (NGO) called ―Human Rights for Psychiatric Patients‖ or HRPP, as a way to mediate these processes of cultural change induced by transformations in political economy. I use psychiatry and mental health as a window into this struggle.
The past decade has seen a marked proliferation of volunteering programs in Czech hospitals. These have been established with the help of national and international funding and take various organisational forms. For the most part, these programs enable lay citizens to provide hospitalized patients with company and social support for a few hours per week. This article considers the ways in which hospital volunteering is promoted and understood as a free gift, in anthropological terms (Parry 1986, Laidlaw 2000). Specifically, I probe why it is possible and desirable for participants on volunteering programs to think about volunteering in this way. I argue that the social construction of volunteering as a free gift promotes a particular ideology of autonomous personhood, which, when considered alongside other political and economic developments in Czech healthcare over the past two decades, can be thought of as part of its neoliberal transformation.
Russia’s population has been rapidly decreasing for several decades. Political fears over falling birthrates and growing mortality rates have recently reemerged as a staple in every conversation concerning the future of the Russian nation. In May 2006, in his annual address to the Federal Assembly, President Vladimir Putin identified Russia’s decreasing population as the most acute issue facing the country. Later that year, the government launched a new, high-priority policy to address the “demographic problem,” which was built around monetary incentives for women to have multiple children. As the state made an effort to revise and implement its new policy measures, different groups of experts took part in the debate about the demographic future of the nation. Alongside demographers and social scientists, medical and public health experts became visible as playing a crucial role in this debate.
To address the role of this community of experts in Russia’s most heated debate, this paper examines how a group of obstetricians and gynecologists in the large provincial city of Yekaterinburg, Russia appropriate existing discourses of the “crisis of underpopulation” and demographic policies, and assign new cultural and social meanings to them in their clinical and research practices. An ethnographic study I conducted among these medical professionals demonstrates how they negotiate their power not only through individual patient care (Rivkin-Fish 2005), but also outside their clinics as they participate in the demographic debate and in the development of regional family planning programs.
The relationship between the state, the market and professions has been in focus of sociological theories on professions. This study explores how Lithuanian physicians perceive these three sectors, called logics in sociological theories, to influence their work in a health care context which has experienced a rapid change.
The results show that the physicians perceived the state regulated health care system as a limitation to their professional identity and practice. Market elements of care did not seem to work and instead two other mechanisms bridged the provision of services between the client and the physician: peer referrals and gift-giving. The peer referral system enabled physicians to directly refer patients to a professional colleague outside the formal referral system and thereby to improve access to health services that the state directed system could not handle efficiently. Gift-giving and gratitude payments provided some consumer influence in the delivery of health services in a failing market system. The conclusion is that in a post-socialist health care system physicians are often operating in a system guided by four logics: the state, the market, professional culture, and the informal economy of peer referrals, gift giving, and extra payments.
Globally, healthcare worker shortages are increasing, giving rise to a need for a migratory healthcare labor population (Buchan 2006; Choy 2003; Kingma 2006; Ross, et al. 2005; Võrk, et al. 2004; Zulauf 2001). Countries such as India and the Philippines have long-term experience with this practice, often operating state-run placement services to place nurses in countries such as the United States, United Kingdom, and Saudi Arabia. Recently, new origin countries have entered the global market. Healthcare workers from Central and Eastern Europe are being recruited for this work and are increasingly discovering the opportunities available to them as in-demand, mobile professionals. However, entering this labor market is not simple and workers often need recruitment firms to mediate the complex process of transnational skilled labor. Negotiating between the different labor and cultural environments, these staffing firms must ensure that the laborers they represent will be successful on the job market. They train them accordingly, essentially ―producing migrants. This article uses the Czech Republic as a case study to explore this phenomenon.
Starting with th[e] basic premise that economism and cosmology do not explain the new health practices in post-socialism, I bring an ethnographic attention to plural forms of health care that tend to the experience of barely living, to invite a rethinking of the relationship between embodiment—local forms of bodily being in the world—and economic forms. Anthropology and critical political economy have long questioned the assumptions that body and economy are separate domains. Medical anthropology has shown pluralism to be the norm rather than an exception in health care the world over, notwithstanding the global dominance of biomedicine and pharmaceuticals. My inquiry into the relation of market and health, however, shifts the focus from symbolic anthropology and local cosmologies to plurality and materiality of bodies. Following the local medical travels, bodies emerge as ontologically plural, inasmuch as they lend credence to multiple forms of diagnostic assessment of the same aches and complaints. Bodies also respond to therapeutic management along divergent maps of organs, fluids, or energies or treat a physical ill or well being as extending beyond the bodily limits and accessible to spiritual entities and other incorporeal extensions, such as thoughts, looks, and wishes of benevolent or envious others. The aim of this paper is to revisit theories of medical pluralism with an eye on the Bosnian lived reality and efficacy of experience, to ask whether bodily ontology, not only medical epistemology, might not be plural.
Prior to the communist period most Romanian Romani communities depended mainly on traditional healing methods as a primary source of health care. After its ascension to power, the Romanian communist government introduced a universal, Semashko-style health care system. The implementation of these requirements dramatically disrupted the traditional health care patterns for Romani communities for over 40 years. Since the collapse of communism these constraints have been lifted and social health insurance (SHI) has been adopted in Romania. Insurance coverage is based on formal participation in the labour market. It is well established that the Roma have fared poorly during the transition to liberal democracy and have suffered particularly in the labour market. Consequently, many Roma are unable to qualify for SHI and remain uninsured and in poverty. Understood within this context, it could be expected that a resurgence in and reclamation of traditional healing methods in the Romani community might be found. This paper draws upon qualitative data from Romani groups in Bucharest and explores the practice, perceptions, and attitudes toward traditional health care in a socially liberalized and increasingly market-driven Romania.

The perfect vaccine


Modified version of File:CDC-11214-swine-flu.j...Image via Wikipedia

Source: The Lancet, Volume 378, Issue 9802, Pages 1545 – 1546, 29 October 2011

Guillain-Barré syndrome and H1N1 influenza vaccine in UK childrendoi:10.1016/S0140-6736(11)61665-6Cite or Link Using DOI
In 1976, the US National Influenza Immunization Programme (against swine influenza) was discontinued because of an increased risk of Guillain-Barré syndrome within 6 weeks of vaccination.1 Guillain-Barré syndrome surveillance was therefore imperative for pandemic H1N1 (swine) influenza vaccines and was fast-tracked for UK children younger than 17 years by use of the British Paediatric Surveillance Unit (BPSU) system. Fisher’s syndrome is related to Guillain-Barré syndrome, so both disorders were included. Follow-up clinical questionnaires were sent to paediatricians who reported cases via the BPSU. Histories of H1N1 and seasonal influenza vaccination were obtained from general practitioners.
Between September, 2009, and August, 2010, 55 children developed symptoms of Guillain-Barré syndrome and two of Fisher’s syndrome. Of these, 49 had clinical or laboratory evidence (or both) of an infection in the 3 months before the neurological symptoms started—22 had respiratory infections, 13 gastroenteritis, seven H1N1 influenza (five laboratory-confirmed), two seasonal influenza (one laboratory confirmed), two Epstein-Barr virus, one chickenpox, and two had unexplained fevers. Three children with Guillain-Barré syndrome had received H1N1 or seasonal influenza vaccines. One child had two H1N1 doses of a whole-virion unadjuvanted vaccine at 5 weeks and 10 days before onset—the only case with an interval potentially indicating a causal relation with Guillain-Barré syndrome.1 Another had received one dose of H1N1 vaccine 6 months before and the third a seasonal influenza vaccine 4 months before onset.
Between October, 2009, and March 31, 2010, an estimated 855 378 children in England received H1N1 vaccine,2 most with an AS03B adjuvanted split-virion vaccine. Additional children were vaccinated elsewhere in the UK (which our study covers). A single case of Guillain-Barré syndrome with onset within 6 weeks of H1N1 vaccination is what would be expected by chance in the vaccinated cohort given the background rate of Guillain-Barré syndrome in this age group.3
Of the 57 cases of Guillain-Barré syndrome or Fisher’s syndrome, nine had influenza (six laboratory-confirmed). This finding is consistent with that of a recent study that found no association between Guillain-Barré syndrome and seasonal influenza vaccination but a 16-fold increased risk within 1 month of an influenza-like illness.4 The peak in the number of children with Guillain-Barré syndrome or Fisher’s syndrome shortly after the peak of the second wave of H1N1 infection in November, 2009, might reflect this causal association (figure). Given the proven effectiveness of pandemic influenza vaccine used in UK children,5the vaccination programme might have had an overall protective effect against Guillain-Barré syndrome.
Click to toggle image size
Children reported to our study who first developed symptoms of Guillain-Barré syndrome or Fisher’s syndrome between September, 2009, and Aug 31, 2010
This study was funded by the UK Department of Health Policy Research Programme, grant numbers 019/0047 and 039/0031. The views expressed in this letter are those of the authors and not necessarily those of the Department of Health. We declare that we have no conflicts of interest.

References

1 Schonberger LBBregman DJSullivan-Bolyai JZ, et alGuillain-Barré syndrome following vaccination in the National Influenza Immunization Program, United States, 1976—1977Am J Epidemiol 1979110105PubMed
2 Sethi MPebody RPandemic H1N1 (swine) influenza vaccine uptake amongst patient groups in primary care in England 2009/2010.http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/@ps/documents/digitalasset/dh_121014.pdf.(accessed May 16, 2011).
3 Black SEskola JSiegrist CA, et alImportance of background rates of disease in assessment of vaccine safety during mass immunisation with pandemic H1N1 influenza vaccinesLancet 20093742115-2122Summary | Full Text | PDF(113KB) |CrossRef | PubMed
4 Stowe JAndrews NWise LMiller EInvestigation of the temporal association of Guillain-Barré syndrome with influenza vaccine and influenza-like illness using the United Kingdom General Practice Research DatabaseAm J Epidemiol 2009169382-388CrossRef | PubMed
5 Andrews NWaight PYung CFMiller EAge-specific effectiveness of an oil-in-water adjuvanted pandemic (H1N1) 2009 vaccine against confirmed infection in high risk groups in EnglandJ Infect Dis 201120332-39CrossRef | PubMed
a PIND/GBS Research Group, Box 267, Addenbrooke’s Hospital, Hills Road, Cambridge CB2 0QQ, UK
b Health Protection Agency, London, UK

(CMAJ) Eficacia de las estatinas en prevención primaria en sujetos de bajo riesgo. ¿Café para todos?


Escribimos este post durante el vuelo Sevilla-Bilbao de las 21:10, camino del XVI Congreso de la SEFAP, cuyo contenido tuitearemos, junto a otros compañeros, en los próximos días, utilizando elhashtag #16Bsefap. Su lectura es garantía de que el iPad y su propietario, llegaron sin novedad a la capital guipuzcoana. Como muchos sabéis, hace unos días se publicó en el Canadian Medical Association Journal un meta-análisis cuyo objetivo ha sidoevaluar la eficacia y riesgos de las estatinas en personas con un riesgo cardiovascular bajo. La forma en la que están redactadas las conclusiones puede dar pie a que más de uno piense que por fin, hay un respaldo evidencial para prescribir (más) estatinas, en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. ¿Así de fácil? A la vista de lo leído, no tanto…
Material y método: revisión sistemática (se describe la estrategia de búsqueda) y meta-análisis de ensayos clínicos aleatorizados de al menos 6 meses de duración y n>30, que compararon un tratamiento con estatinas vs un placebo o un tratamiento distinto en personas de bajo riesgo cardiovascular (<20% a 10 años, calculado por extrapolación del riesgo observado en el grupo control de cada ensayo).
Resultados: 29 estudios (n=80.711) cumplieron los criterios de inclusión. Se observó una reducción de la mortalidad (RR: 0,90; IC95% 0,84-0,97; RRA: 0,42; IC95% 0,13-0,67; NNT: 239; IC95% 149-796) en personas con un riesgo <20% (análisis primario) y de 0,83 (IC95% 0,73-0,94) si el riesgo era <10% (resultado del análisis de sensibilidad realizado). El beneficio también fue estadísticamente significativo en los IAM no mortales (RR: 0,64; RRA: 0,66; NNT: 153) y los ACV no mortales (RR:0,81; RRA: 0,30; NNT: 335). La mediana de seguimiento fue de 2 años (0,5-3 años). No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre estatinas en función de su potencia o la mayor reducción del colesterol. Tampoco se observaron diferencias entre grupos en relación a los efectos adversos graves (RR: 1,01; IC95% 0,96-1,07).
Conclusión de los autores: las estatinas se mostraron eficaces en la prevención de la mortalidad y la morbilidad cardiovascular en personas con bajo riesgo. Las reducciones de los riesgos relativos fueron similares a las observadas en pacientes con antecedentes de coronariopatía.
Fuente de financiación: Canadian Agency for Drugs and Technology in Health y Alberta Heritage Foundation.
Comentario: al tratamiento con estatinas, le dedicamos un densopost hace ahora un año. Desde entonces, lo más novedoso sobre este tema ha sido, si no nos falla la memoria, la publicación de una revisión de la Cochrane y el estudio de hoy. La primera incluye solo 14 ensayos clínicos aleatorizados y no hace la fina -y por otra parte artificial– distinción entre bajo o alto riesgo. Además, sus conclusiones incluyen un mensaje nítido a los clínicos, del que adolece el estudio del CMAJ: Only limited evidence showed that primary prevention with statins may be cost effective and improve patient quality of life. Caution should be taken in prescribing statins for primary prevention among people at low cardiovascular risk.
¿Por qué pensamos que el meta-análisis del CMAJ no debe cambiar las recomendaciones sobre el uso de estatinas en prevención primaria incluido en nuestras guías de cabecera? Podríamos hablar de las limitaciones metodológicas reconocidas por sus autores y otras derivadas de la menor exigencia de los criterios de inclusión utilizados, con respecto a la revisión de la Cochrane. Sobre este punto, os animamos a leer con fruición el artículo del BMJ sobre laherramienta para evaluar el riesgo de sesgos en los ensayos clínicos incluidos en este tipo de revisiones. También podríamos referirnos a los notables conflictos de interés de sus autores. O a la peculiar forma de expresar las conclusiones en el resumen, en términos de riesgosrelativos, antes que de riesgos absolutos (que aparecen, junto a los NNT en la farragosa tabla de la página 4) lo que dio pie a un airado comentario no exento de razón, ya que como todos sabéis, ir por ciudad a 200 km/h en una moto confiere un riesgo extraordinario de convertirse en donante de órganos, respecto a quien va a la velocidad reglamentaria,  independientemente de que la reducción del riesgo relativo conferida por los cascos utilizados por ambos sujetos sea similar.
No obstante, lo más criticable de este artículo es la inspiracióncolesterolocéntrica que lo alumbra, que invita, de forma implícita, a olvidarnos del abordaje multifactorial de la prevención cardiovascular, modificación de hábitos de vida inclusive. También es criticable que se eliminaran de un plumazo a todos los diabéticos, considerados de alto riesgo, sin más, independientemente, por ejemplo, de su edad, sexo, hábitos de vida, peso o presión arterial.
En relación a los resultados, por revisiones previas sabíamos que las estatinas tienen cierto beneficio (y ciertos perjuicios) en las personassanas, con factores de riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Según el estudio, necesitaríamos tratar ≈240 pacientes de bajo riesgo durante 3 años para salvar una vida. O dicho de otro modo: en un cupo pesado, de 1.500 personas sanas desde un punto de vista cardiovascular, tratarlos a todos con estatinas -independientemente de su nivel de riesgo- durante dicho período salvaría ≈6 vidas. Este sinsentido terapéutico -que da en la línea de flotación del mercado OTC de las estatinas- nos hace preguntarnos una vez más ¿qué personas con factores de riesgo cardiovascular, se podrían beneficiar del tratamiento con estatinas? Y la respuesta, una vez más, permanece inalterable: las de mayor riesgo, intentandoindividualizar el tratamiento, farmacológico o no, en función de las características de cada persona, apoyándonos, como herramienta queorienta la toma de decisiones en el cálculo del riesgo cardiovascular individual. ¿Café para todos? de momento no. Cafés hay muchos. Y no todos gustan…

Fuente: el rincón de Sisifo


Gonzalo Casino

Gonzalo Casino


La medicina vista desde Internet y pasada por el saludable filtro del escepticismo.

Gonzalo Casino

Vivienda y salud

22 Feb 2010


El 80% de nuestra vida transcurre en espacios cerrados, mayormente en casa. Y buena parte del tiempo restante, en tránsito por los alrededores. “El hombre es un ser de lejanías”, decía Heidegger. Pero estas lejanías son imaginarias, narrativas, temporales, en definitiva; en términos espaciales, somos seres de cercanías. ¿Cómo no van a ser importantes las condiciones de la vivienda y del barrio? La casa, junto con la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales, es un derecho recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25). La vivienda está reconocida como uno de los determinantes de la salud, y a su vez se relaciona con el que quizá sea el principal determinante junto con la biología: el nivel de renta. Toda la investigación epidemiológica y de intervención realizada apoya una idea que parece de sentido común: las mejores o peores condiciones de una vivienda se relacionan con la mejor o peor salud de sus ocupantes.

Sobre la casa, el barrio y la evaluación de su impacto en el bienestar

 
Pero el asunto es más complejo de lo que parece. Las pruebas científicas que miden el impacto de estas condiciones son parciales y limitadas. Está claro que la vivienda afecta a la salud en sus vertientes física (humedad, contaminación del aire), mental (soledad, ruido) y social (relaciones, oportunidades). Pero, ¿hasta qué punto hay evidencias científicas de todo esto? La verdad es que se conoce más bien poco. Los principales riesgos para la salud en los hogares son las condiciones de temperatura y humedad, la presencia de radón, los ácaros, el humo de tabaco y los riesgos de caídas y de incendio. Aparte de esto hay datos confusos sobre la influencia del régimen de propiedad (puede aportar un mayor grado de seguridad y control, pero las hipotecas pueden ser fuente de estrés y empobrecimiento económico), sobre si es mejor un piso o una casa individual y otros aspectos. En una revisión publicada en 2003 en el Journal of Epidemiology and Community Heallth (JECH)(doi:10.1136/jech.57.1.11), los autores concluían que las pruebas del impacto en la salud tras la mejora en las viviendas eran limitadas e inconsistentes. Lo más evidente es una relación de dosis-respuesta entre la mejora de las viviendas y la mejora de la salud mental, así como una posible pero ligera ganancia en la salud física general.
 
Nadie elige vivir en una vivienda en malas condiciones ni en un barrio poco saludable, pero desde el momento en que hay viviendas insalubres y barrios problemáticos, estos acaban sendo el destino de los más desfavorecidos. Los efectos de los programas de regeneración sobre la salud pública y las desigualdades de salud individuales tampoco parecen claros, según otra revisión publicada en el JECH(doi:10.1136/jech.2005.038885). Así pues, faltan pruebas y evaluaciones del impacto de las intervenciones sobre la salud para orientar la acción política, que a su vez resulta difícil de evaluar. El área de intersección entre vivienda y salud es tan vasta, compleja y desconocida que lo único que parece claro es que hace falta explorarla con más detalle.

Top ten medical blogs


Universal health careImage via Wikipedia

Source: Medical Island
Of course, the post deals only with english written blogs.  
Blogging has of late become a regular past-time among various professionals and the medical profession is no exception. Medical Blogging requires serious consideration of the audience and the topics to be covered. Medical Professionals across the globe keep themselves updated through various electronic media and the internet has become the ultimate source of medical information for most of them.
Medical blogs make up a major chunk of the information available on the internet. They cover a range of topics from providing regular medical updates to the peculiar blog that talks about mundane medical terms and nuances. Medical Blogs are either started by individuals, run by some companies and organisations or an amalgamation of both. The vast number of medical blogs made the task of finding the “BEST” a serious business.
It is only true that no single blog could be the same for the entire audience, hence the ranking provided here is arbitrary based on my personal preferences. Without much ado, here is my list of the “TOP 10 MEDICAL BLOGS
I enjoyed reading many other medical blogs, but the ones mentioned here really caught my attention. I hope you too enjoy reading and following these blogs.
You will have suggestions to make about the selection or your own collection of favourite medical blogs. If so, post them in the comments section so that I can create another list of “The Best 100 Medical Blogs”.

Medical Device Innovation — Is “Better” Good Enough?


Newspaper advertisements seeking patients and ...Image via Wikipedia

Source: NEJM
Last year, the United States spent $95 billion on medical devices, nearly half of the $200 billion spent on devices worldwide.1 Our investment in devices has yielded impressive gains in length and quality of life from products such as implantable cardioverter–defibrillators, pacemakers, and artificial joints (cardiovascular and orthopedic devices account for more than 35% of the market1). Roughly 10 million Americans have symptomatic knee osteoarthritis,2 a leading cause of disability and the most common indication for total knee arthroplasty. More than 600,000 total knee arthroplasty procedures are performed annually in the United States; 85% of recipients report functional improvement, and the annual failure rate is 0.5 to 1.6%.3 Inspired by these successes, medical device innovation continues. Each year for the past decade, the Food and Drug Administration (FDA) has approved more than 35 new systems or components for total knee arthroplasty. Most are designed to improve durability, and their manufacturers cite laboratory studies showing reductions in wear. Advertising campaigns promote innovative implants for younger, more physically active patients, expanding the market for knee arthroplasty.
But oversight of device innovation is currently under scrutiny. Safety concerns have been raised over total joint components and other devices approved through the FDA’s 510(k) clearance process, whereby devices perceived as posing a low risk of complications are approved for marketing without clinical trials. These concerns led the Institute of Medicine to recommend eliminating the 510(k) process, calling it ineffective and unsalvageable.4 The current oversight system has been simultaneously faulted for inadequate assurance of safety and efficacy and for suppressing innovation. Since regulatory approval hinges on claims of similarity to previously approved devices, the process may encourage the development of devices that provide only small improvements at higher cost than their predecessors. The trade-offs between incremental improvement and the additional costs and technical complexity of the required procedure are poorly understood and seldom investigated rigorously.
When adequately powered randomized trials are not feasible, a model-based approach can offer insight into the interplay among device efficacy and durability, patient characteristics, costs, and long-term outcomes. We used a validated “state-transition” computer-simulation model of the natural history and management of knee osteoarthritis5 to forecast clinical outcomes associated with hypothetical “innovative” total knee implants as compared with existing implants. We considered cohorts of persons with end-stage, symptomatic knee osteoarthritis, stratified by age and presence of coexisting conditions at the time of arthroplasty. We used a range of values for the potential reduction in the likelihood of long-term implant failure with hypothetical innovative implants and estimated the proportion of each patient cohort that would remain alive with their original (standard or innovative) implant intact 20 years after surgery. We examined the effects of increasing the risk of short-term failure while simultaneously decreasing the rate of long-term failure, as might be expected from a device offering improved survival at the expense of greater technical complexity. (Details are presented in the Supplementary Appendix, available with the full text of this article at NEJM.org.)
According to our model, by 20 years after a standard total knee arthroplasty, 19% of people who were healthy and 50 to 59 years of age at the time of the surgery and 86% of those who were 70 to 79 years of age and had coexisting conditions would have died; 65% and 11% of these groups, respectively, would be alive with their original implant intact. In part because of the much higher risk of death among older patients, the cumulative risk of requiring revision surgery within 20 years after a primary total knee arthroplasty would be twice as high among younger, healthier patients than among older patients with coexisting conditions (18% vs. 9%; see graph
Cumulative Risk of Revision Surgery 20 Years after Total Knee Arthroplasty with a Standard Implant and with an Innovative Implant, According to Computer-Simulation Modeling.
). Innovative implants with long-term failure rates 70% lower than those of current implants (an improvement similar to those that some manufacturers have demonstrated in the laboratory) would reduce the cumulative risk of revision by 11% among healthy 50-to-59-year-olds and 6% among 70-to-79-year-olds with coexisting conditions. If short-term failure rates quintupled (as recent data on innovative orthopedic devices suggest they could), the reductions in cumulative risk of revision would be lessened by 35% among healthy 50-to-59-year-olds and 59% among 70-to-79-year-olds with coexisting conditions, potentially offsetting the benefits of decreases in long-term failure.
Our findings suggest that there can be no one-size-fits-all approach to the use of innovative devices. In the case of total knee arthroplasty, a patient’s life expectancy has a marked effect on his or her anticipated benefit from improvements in durability over existing implants, whose survival rates are already excellent. Given the low annual failure rate of existing implants, even significant reductions in long-term failure rates would have little effect on overall implant survival in older, sicker patients. This finding is even more significant when innovative implants have greater short-term failure rates (possibly attributable to the learning curve associated with new technology). There are also additional trade-offs that should be considered in evaluating and pricing innovative devices. For example, innovations are typically accompanied by cost increases, and devices providing small, incremental clinical benefits may be less likely to offer good value for any additional investment.
We believe that our approach and the insights it can offer extend well beyond knee implants. Total knee implants are similar to many medical devices — such as hip and spinal implants, other orthopedic hardware, and ophthalmologic implants — in that they improve quality of life rather than survival. Thus, our work has implications for the development and adoption of any medical device offering improved long-term clinical benefit at increased initial cost. These analyses demonstrate that even small decreases in long-term device failure can provide clinical value, but these innovations are unlikely to provide equal benefit to all patients. Innovative technologies may also increase the risk of short-term complications, owing to increased complexity of the procedure or the greater technical skill required to optimally implement such advances — a phenomenon that is rarely captured in laboratory-based testing. Furthermore, these technologies typically cost more than their predecessors. These considerations may further restrict the populations in which an innovative device offers good value.
Our goal is not to set limits on who receives which implants, but to illustrate a model-based approach to improving new-device evaluation. Decisions about the marketing, use, and pricing of medical devices are often made in the absence of robust outcomes data. As the current controversy over the 510(k) process attests, traditional approaches to clinical investigation and evaluation are poorly suited to exploring and balancing the competing considerations at play — for instance, estimating likely improvements in long-term efficacy and device durability, factoring in the competing risks when devices are used in older or higher-risk patients, and determining our willingness to pay for incremental improvements. A model-based assessment can help to define the circumstances under which the diffusion of medical device innovations to ever-expanding patient populations is clinically and economically justified.
Model-based evaluations could help define the thresholds for complication and efficacy rates and costs that would be required to improve on existing device performance while maintaining acceptable economic value. This information could then inform postmarketing surveillance efforts, triggering reviews at prespecified efficacy or complication thresholds and facilitating rapid application of new data as they become available. Manufacturers could use such data to improve device development; researchers could identify target populations for evaluating novel technologies; insurers could identify opportunities for value-based reimbursement; and consumers could be educated about what clinical benefits they are getting for their money. The complex trade-offs between short- and long-term health and economic consequences of technological innovation may not be captured by even the most sophisticated randomized trials. Model-based approaches may provide invaluable insights for evaluating medical device innovation and merit consideration as a standard component of the evaluation process.
Disclosure forms provided by the authors are available with the full text of this article at NEJM.org.
SOURCE INFORMATION
From Yale School of Medicine (L.G.S.) and Yale School of Public Health (A.D.P.) — both in New Haven, CT; the Veterans Affairs Connecticut Healthcare System, West Haven, CT (L.G.S.); and Brigham and Women’s Hospital (B.N.R., D.H.S., I.G., H.G., J.N.K., E.L.), Harvard Medical School (D.H.S., E.L.), Harvard School of Public Health (J.N.K.), and Boston University School of Public Health (E.L.) — all in Boston.

Estimating treatment effects for individual patients based on the results of randomised clinical trials


BMJ 2011; 343:d5888 doi: 10.1136/bmj.d5888 (Published 3 October 2011)

Cite this as: BMJ 2011; 343:d5888

  • Research

Estimating treatment effects for individual patients based on the results of randomised clinical trials

Free via Creative Commons: OPEN ACCESS

  1. Johannes A N Dorresteijn, epidemiologist and medical doctor1,
  2. Frank L J Visseren, professor of vascular medicine, epidemiologist, and internist1
  3. Paul M Ridker, Eugene Braunwald professor of medicine, epidemiologist, and cardiologist2
  4. Annemarie M J Wassink, internist and postdoctoral researcher1
  5. Nina P Paynter, assistant professor of epidemiology2
  6. Ewout W Steyerberg, professor of medical decision making, and methodologist3
  7. Yolanda van der Graaf, professor of epidemiology and imaging4
  8. Nancy R Cook, associate professor of biostatistics and epidemiology2
Author Affiliations

  1. 1Department of Vascular Medicine, University Medical Center Utrecht, PO Box 85500, 3508 GA Utrecht, Netherlands


  2. 2Division of Preventive Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA


  3. 3Department of Public Health, Erasmus Medical Center, Rotterdam, Netherlands


  4. 4Julius Center for Health Sciences and Primary Care, Utrecht, Netherlands

  1. Correspondence to: F L J Visseren F.L.J.Visseren@umcutrecht.nl
  • Accepted 12 August 2011

Abstract

Objectives To predict treatment effects for individual patients based on data from randomised trials, taking rosuvastatin treatment in the primary prevention of cardiovascular disease as an example, and to evaluate the net benefit of making treatment decisions for individual patients based on a predicted absolute treatment effect.
Setting As an example, data were used from the Justification for the Use of Statins in Prevention (JUPITER) trial, a randomised controlled trial evaluating the effect of rosuvastatin 20 mg daily versus placebo on the occurrence of cardiovascular events (myocardial infarction, stroke, arterial revascularisation, admission to hospital for unstable angina, or death from cardiovascular causes).
Population 17 802 healthy men and women who had low density lipoprotein cholesterol levels of less than 3.4 mmol/L and high sensitivity C reactive protein levels of 2.0 mg/L or more.
Methods Data from the Justification for the Use of Statins in Prevention trial were used to predict rosuvastatin treatment effect for individual patients based on existing risk scores (Framingham and Reynolds) and on a newly developed prediction model. We compared the net benefit of prediction based rosuvastatin treatment (selective treatment of patients whose predicted treatment effect exceeds a decision threshold) with the net benefit of treating either everyone or no one.
Results The median predicted 10 year absolute risk reduction for cardiovascular events was 4.4% (interquartile range 2.6-7.0%) based on the Framingham risk score, 4.2% (2.5-7.1%) based on the Reynolds score, and 3.9% (2.5-6.1%) based on the newly developed model (optimal fit model). Prediction based treatment was associated with more net benefit than treating everyone or no one, provided that the decision threshold was between 2% and 7%, and thus that the number willing to treat (NWT) to prevent one cardiovascular event over 10 years was between 15 and 50.
Conclusions Data from randomised trials can be used to predict treatment effect in terms of absolute risk reduction for individual patients, based on a newly developed model or, if available, existing risk scores. The value of such prediction of treatment effect for medical decision making is conditional on the NWT to prevent one outcome event.
Trial registration number Clinicaltrials.gov NCT00239681.

Critical Moments — Doctors and Patients


Lenore M. Buckley, M.D., M.P.H.
N Engl J Med 2011; 365:1270-1271October 6, 2011

I lost myself in the very properties of [my patients‘] minds, for the moment at least, I actually became them . . . so that when I detached myself from them at the end of intense concentration over an illness that was affecting them, it was as though I was awakening from sleep. For the moment I myself did not exist, nothing of myself affected me. As a consequence, I came back to myself as if from any other sleep, rested.

William Carlos Williams, M.D.

A pale, thin, anxious 9-year-old boy sits in front of me. As I start to talk to him, I realize that he is in pain, stoic, and not very verbal. I glance down and notice a markedly swollen ankle. He has been losing weight and uncomfortable for months, his anxious parents report. The pain seems to come and go, but now it’s so severe that he has trouble getting off the bus.
I gently probe for more information. “Have you had diarrhea?” I ask the boy. Yes, he nods. His mother looks startled; he has obviously never mentioned it to her. “Any blood in the diarrhea?” He nods again, and now we’re both startled. The boy looks even more anxious, and I’m aware of his parents’ escalating panic. It’s then that I realize that this is one of those critical moments. I’ll confess that most of the time, I’m not the slow, thoughtful, organized, wise physician with an endless fund of knowledge that I always imagined I’d become. More often, I’m the harried, absent-minded doctor who rushes into the room an hour late and tries to organize her thoughts in front of you as you remind her who you are and why you’re there. But at moments like this, I become completely focused. William Carlos Williams, the poet and primary care physician, eloquently described these moments and the intensity of the relationship between doctors and patients as they embark on the treatment of a serious illness.
Such moments occur at most a few times a month, usually when I least expect them. I walk into an exam room prepared to hear about a straightforward problem or to see a child with pain “everywhere” who’s struggling with the social challenges of middle school, and then, as I listen, I realize that the person in front of me is seriously ill. Sometimes the patient or the parents already know; sometimes they have no idea. The dawning of this realization is followed by a call to full attention. In the next hour and over the next few months, what I do (or don’t do) will change the life of this child and family; what I say and how I say it will be critical, providing the information, reassurance, and hope to keep everyone moving forward.
With this boy, Sam, my questions and exam follow the usual order, and then it’s time to talk. I remind myself of my responsibilities — education, treatment, support, advocacy. I look into Sam’s eyes and try to describe, in language he can understand, general concepts that will give him a sense of what’s happening in his body. This basic explanation is usually adequate for the parents as well, who are often in a state of shock; we’ll have more time to talk later.
I explain it to Sam first, respecting the fact that it’s his body and he is able to understand — and needs to know — what’s happening. It’s an important step in showing him respect and giving him back some control. We’re beginning a relationship, and obtaining his trust will be key to getting his cooperation. I want him to know that I see who he is, care about what he thinks, and will be his ally.
As I talk, I envision myself building a protective wall around him and his parents to hold back the wave of fear, vulnerability, and loss of control that is rushing in as they realize something serious has occurred. I look into his eyes and explain with confidence and reassurance that things will get better. I offer hope: “We know what this is, and together we will get you better.” We are now a team, and he’s the most important team member. We discuss the possible diagnoses, treatment, the need for a GI referral, and how to reach me over the next few days.
As I leave the room, I feel like I’m rising to the surface of the water after a deep dive. I have been in another world, where outside sounds are muffled and time slows. Now I reemerge in the noisy, fast-paced world of outpatient medicine. I’m an hour behind schedule, and the nurses — and my next patient — are understandably annoyed. A long day awaits. But somehow the rest of the day is easier. The world comes into better focus. I have been reminded of why I’m here and how lucky I am to be doing what I do.
In the afternoon, I pass the pediatric gastroenterologist, who reassures me he will see Sam quickly, and within a week he’s diagnosed with Crohn’s disease and starts treatment.
I see Sam regularly over the next few months. I smile when I go into the room, look at him first as I say hello, and ask how things are going. I’ve learned to warn my patients about the ups and downs of glucocorticoid treatment: first, there’s relief when the medicine finally controls the symptoms, then there’s discouragement about side effects and changes in appearance and mood, followed by the struggle to discontinue them as the other medications begin to work. It’s an emotional roller coaster, and it’s my job to prepare them.
Sam has followed this path. There’s the visit at 4 weeks when the diarrhea has stopped and the joints are not painful. He is still quiet but looks relieved. When he returns at 8 weeks, he is markedly cushingoid, embarrassed, and dejected — it’s not easy to have a pumpkin face with acne in elementary school. Again, I sit next to him and look directly into his eyes. Sometimes this is not so easy with teens and preteens, who tend to stare down at the floor. In an attempt at humor, I bend down and turn my head up so I can see his face. “It will be better,” I reassure him. “A few more weeks.” He smiles. I walk him through the treatment plan again. I explain what’s happening to his body and go over the timelines.
By the 12th week, he is still cushingoid but surprisingly chatty and looks straight into my eyes as he reports what’s happened since the last visit. He seems to understand now that I am here to see and talk to him, and he is proud of his role in managing the illness. He looks more hopeful. The prednisone dose has been reduced, and he knows the tapering schedule well enough to correct his father, who is momentarily confused about the gastroenterologist’s treatment plan. He sees the light at the end of the tunnel.
Sam and his parents are at the beginning of a long journey. This illness will influence who Sam will become — affecting his self-image, relationships, and aspirations. His parents face one of life’s most difficult challenges. The course of their lives and their relationship shifted, almost imperceptibly, at that first visit. How their story will play out is still unclear to me, although I’ve seen hundreds of other versions of it over the years.
This time, I’ve been lucky enough to be there from that critical moment at the beginning, to be a part of the story’s evolution and, I hope, acceptable resolution. All physicians experience these moments. They shape our lives, inform our values, and educate and prepare us for the next patient who needs our help. The expectation of these moments and the satisfaction they bring keep us moving forward through difficult times. The challenge is to continue to notice them — to remember the personal impact of the diagnoses we make and our ability and obligation to soften the blows, to build that protective wall.
The name of the patient has been changed to protect his privacy.
Disclosure forms provided by the author are available with the full text of this article at NEJM.org.

SOURCE INFORMATION

From Virginia Commonwealth University School of Medicine, Richmond.

The New Language of Medicine


Pamela Hartzband, M.D., and Jerome Groopman, M.D.
N Engl J Med 2011; 365:1372-1373October 13, 2011

During our first year of medical school, we spent countless hours learning new words, memorizing vocabulary as if we were studying a foreign language. We discovered that some words that sounded foreign actually represented the familiar: rubeola was measles, pruritus meant itching. Now, we find ourselves learning a new language of medicine filled with words that seem familiar yet feel foreign. Patients are no longer patients, but rather “customers” or “consumers.”1 Doctors and nurses have been transmuted into “providers.” These descriptors have been widely adopted in the media, medical journals, and even on clinical rounds. Yet the terms are not synonymous. The word “patient” comes from patiens, meaning suffering or bearing an affliction. Doctor is derived from docere, meaning to teach, and nurse from nutrire, to nurture. These terms have been used for more than three centuries.
What precipitated the increasing usage of this new vocabulary in medicine? We are in the midst of an economic crisis, and efforts to reform the health care system have centered on controlling spiraling costs. To that end, many economists and policy planners have proposed that patient care should be industrialized and standardized.2 Hospitals and clinics should run like modern factories, and archaic terms such as doctor, nurse, and patient must therefore be replaced with terminology that fits this new order.
The words we use to explain our roles are powerful. They set expectations and shape behavior. This change in the language of medicine has important and deleterious consequences. The relationships between doctors, nurses, or any other medical professionals and the patients they care for are now cast primarily in terms of a commercial transaction. The consumer or customer is the buyer, and the provider is the vendor or seller. To be sure, there is a financial aspect to clinical care. But that is only a small part of a much larger whole, and to people who are sick, it’s the least important part. The words “consumer” and “provider” are reductionist; they ignore the essential psychological, spiritual, and humanistic dimensions of the relationship — the aspects that traditionally made medicine a “calling,” in which altruism overshadowed personal gain. Furthermore, the term “provider” is deliberately and strikingly generic, designating no specific role or type or level of expertise. Each medical professional — doctor, nurse, physical therapist, social worker, and more — has specialized training and skills that are not recognized by the all-purpose term “provider,” which carries no resonance of professionalism. There is no hint of the role of doctor as teacher with special knowledge to help the patient understand the reasons for his or her malady and the possible ways of remedying it, no honoring of the work of the nurse as a nurturer with unique expertise whose close care is essential to healing. Rather, the generic term “provider” suggests that doctors and nurses and all other medical professionals are interchangeable. “Provider” also signals that care is fundamentally a prepackaged commodity on a shelf that is “provided” to the “consumer,” rather than something personalized and dynamic, crafted by skilled professionals and tailored to the individual patient.
Business is geared toward the bottom line: making money. A customer or consumer is guided by “caveat emptor” — “let the buyer beware” — an adversarial injunction and hardly a sentiment that fosters the atmosphere of trust so central to the relationship between doctor or nurse and patient. Reducing medicine to economics makes a mockery of the bond between the healer and the sick. For centuries, doctors who were mercenary were publicly and appropriately castigated, the subjects of caustic characterization in plays by Moliere and stories by Turgenev. Such doctors betrayed their calling. Should we now be celebrating the doctor whose practice, like a successful business, maximizes profits from “customers”?
Beyond introducing new words, the movement toward industrializing and standardizing all of medicine (rather than just safety and emergency protocols) has caused certain terms that were critical to our medical education to all but disappear. “Clinical judgment,” for instance, is a phrase that has fallen into disgrace, replaced by “evidence-based practice,” the practice of medicine based on scientific data. But evidence is not new; throughout our medical education beginning more than three decades ago, we regularly examined the scientific evidence for our clinical practices. On rounds or in clinical conferences, doctors debated the design and results of numerous research studies. But the exercise of clinical judgment, which permitted assessment of those data and the application of study results to an individual patient, was seen as the acme of professional practice. Now some prominent health policy planners and even physicians contend that clinical care should essentially be a matter of following operating manuals containing preset guidelines, like factory blueprints, written by experts.2 These guidelines for care are touted as strictly scientific and objective. In contrast, clinical judgment is cast as subjective, unreliable, and unscientific. But there is a fundamental fallacy in this conception. Whereas data per se may be objective, their application to clinical care by the experts who formulate guidelines is not. This truth, that evidence-based practice codified in clinical guidelines has an inescapable subjective core, is highlighted by the fact that working with the same scientific data, different groups of experts write different guidelines for conditions as common as hypertension and elevated cholesterol levels3 or for the use of screening tests for prostate and breast cancers.4 The specified cutoffs for treatment or no treatment, testing or no testing, the weighing of risk versus benefit — all necessarily reflect the values and preferences of the experts who write the recommendations. And these values and preferences are subjective, not scientific.5
What impact will this new vocabulary have on the next generation of doctors and nurses? Recasting their roles as those of providers who merely implement prefabricated practices diminishes their professionalism. Reconfiguring medicine in economic and industrial terms is unlikely to attract creative and independent thinkers with not only expertise in science and biology but also an authentic focus on humanism and caring.
When we ourselves are ill, we want someone to care about us as people, not as paying customers, and to individualize our treatment according to our values. Despite the lip service paid to “patient-centered care” by the forces promulgating the new language of medicine, their discourse shifts the focus from the good of the individual to the exigencies of the system and its costs. Marketplace and industrial terms may be useful to economists, but this vocabulary should not redefine our profession. “Customer,” “consumer,” and “provider” are words that do not belong in teaching rounds and the clinic. We believe doctors, nurses, and others engaged in care should eschew the use of such terms that demean patient and professional alike and dangerously neglect the essence of medicine.
Disclosure forms provided by the authors are available with the full text of this article at NEJM.org.

SOURCE INFORMATION

From Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School — both in Boston.

California Gov Signs Controversial Vaccine Law


California Gov Signs Controversial Vaccine Law

vaccine-flickr1Following months of controversy, California Governor Jerry Brown late last week signed into law a bill that removes parental consent for vaccinating children 12 and older against sexually transmitted diseases. Although state law already allows children 12 and older to consent to treatment for sexually transmitted diseases without parental involvement, the new law expands that right to immunizations.
The bill (read here) had been strongly opposed by several organizations that argued minors do not have adequate judgment to make a decision about vaccination (back story). The legislation also figured into the wider national debate in recent weeks over HPV vaccines, concern among social conservatives about teenage sex and the extent to which drugmakers have worked to influence introduction and passage of such bills (see here andhere).
At issue is a furor that has plagued Merck and its Gardasil vaccine. The FDA approved the shot five years ago to protect girls and women ages 9 to 26 against four strains of the human papillomavirus, or HPV, which can lead to cervical cancer. Social conservatives and some parents, however, are concerned that teenagers may interpret vaccination as a green light to engage in premarital sex. Brown did not issue a statement upon signing the bill (look here), but one group is spitting mad.
“By signing AB 499 to coerce minors into risky Gardasil shots, Jerry Brown is deceptively telling preteen girls it will protect them from HPV, giving them a false sense of security that they can have all the sexual activity they want without risking developing cervical cancer or a raft of other negative consequences,” says Randy Thomasson, president of SaveCalifornia.com, in a statement.
In contrast to such sentiments, public health officials have recommended HPV vaccination – including the Cervarix vaccine sold by GlaxoSmithKline – as a useful tool to thwart the advent of cervical cancer. Nonetheless, Gardasil has been dogged by questions over side effects, cost and long-term effectiveness. Meanwhile, teenage vaccination rates for the HPV vaccine are trailing the other two vaccines recommended for teens and pre-teens, according to the Centers for Disease Control and Prevention (read here). To some extent, the concerns over Gardasil reflect the wider controversy over vaccine safety, in general.
Merck, however, fueled the debate over HPV vaccination by employing a surreptitious marketing campaign several years ago in which the drugmaker backed Women In Government, a non-profit group of state legislators, in hopes that mandatory vaccination bills for school-age children would be introduced nationwide. The effort backfired, though, and Merck ended its lobbying (back story).
But the issue re-emerged last month, when Texas Governor and Republican presidential candidate Rick Perry said his decision to sign an executive order to create a mandate. The state legislature later overturned the order, but Perry’s ties to Merck at the time became campaign fodder. These included Merck donations in the years prior to his order (read here).
The unexpected attention cast a bigger spotlight on the bill in California, where many members of the state senate and assembly who voted to approve the legislation also received money last year from Merck. This group included representative Toni Adkins, who introduced the bill and earlier this summer denied that she ever received money from the drugmaker (see here).
vaccine pic thx to lulu on flickr

PSA and prostate cancer


This figure shows the heterogeneity of cancer ...Image via Wikipedia

Draft Recommendation Statement


The U.S. Preventive Services Task Force will be accepting comments on this draft recommendation statement beginning on Tuesday, October 11, 2011.
The U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) makes recommendations about the effectiveness of specific clinical preventive services for patients without related signs or symptoms.
It bases its recommendations on the evidence of both the benefits and harms of the service, and an assessment of the balance. The USPSTF does not consider the costs of providing a service in this assessment.
The USPSTF recognizes that clinical decisions involve more considerations than evidence alone. Clinicians should understand the evidence but individualize decision making to the specific patient or situation. Similarly, the USPSTF notes that policy and coverage decisions involve considerations in addition to the evidence of clinical benefits and harms.

Screening for Prostate Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement
DRAFT

Summary of Recommendation and Evidence

The U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) recommends against prostate-specific antigen (PSA)-based screening for prostate cancer.This is a grade D recommendation.
This recommendation applies to men in the U.S. population that do not have symptoms that are highly suspicious for prostate cancer, regardless of age, race, or family history. The Task Force did not evaluate the use of the PSA test as part of a diagnostic strategy in men with symptoms that are highly suspicious for prostate cancer. This recommendation also does not consider the use of the PSA test for surveillance after diagnosis and/or treatment of prostate cancer.

Rationale

Importance

Prostate cancer is the most commonly diagnosed nonskin cancer in men in the United States, with a lifetime risk of diagnosis currently estimated at 15.9%. Most cases of prostate cancer have a good prognosis, but some are aggressive; the lifetime risk of dying from prostate cancer is 2.8%. Prostate cancer is rare before age 50 years and very few men die of prostate cancer before age 60 years. The majority of deaths due to prostate cancer occur after age 75 years (1).

Detection

Contemporary recommendations for prostate cancer screening all incorporate the measurement of serum PSA levels; other methods of detection such as digital rectal examination or ultrasonography may be included. The evidence is convincing that PSA-based screening programs result in the detection of many cases of asymptomatic prostate cancer. The evidence is also convincing that the majority of men who have asymptomatic cancer detected by PSA screening have a tumor that meets histological criteria for prostate cancer, but the tumor either will not progress or is so indolent and slow-growing that it will not affect the man’s lifespan or cause adverse health effects, as he will die of another cause first. The terms “overdiagnosis” or “pseudodisease” are used to describe both of these situations. It is difficult to determine the precise magnitude of overdiagnosis associated with any screening and treatment program. The rate of overdiagnosis of prostate cancer increases as the number of men subjected to biopsy increases. The number of cancer cases that could be detected in a screened population is large; a single study in which men eligible for PSA screening underwent biopsy irrespective of PSA level detected cancer in nearly 25% of men (2). The rate of overdiagnosis will also depend upon the age at which diagnosis is made. Cancer diagnosis in older men with shorter life expectancies is much more likely to be overdiagnosis.

Benefits of Detection and Early Intervention

The primary goal of prostate cancer screening is to reduce deaths due to prostate cancer, and a reduction in either prostate cancer death or overall mortality was the primary outcome addressed in all prostate cancer screening studies assessed by the Task Force. The evidence is convincing that for men aged 70 years and older, screening has no mortality benefit. For men aged 50 to 69 years, the evidence is convincing that the reduction in prostate cancer mortality 10 years after screening is small to none. Screen-detected cancer can fall into one of three categories: cancer that results in death in spite of early diagnosis and treatment, cancer for which early diagnosis and treatment improves survival, and cancer for which the outcome would be good in the absence of screening due to indolent tumors. Ninety-five percent of men with PSA-detected cancer who are followed for 12 years do not die from that cancer, even in the absence of definitive treatment (3). The possibility is very small that death from prostate cancer is less likely in men whose prostate cancer is detected by PSA screening rather than waiting for clinical detection, and the time to any potential benefit is long. No prostate cancer screening study, individually or combined with other screening studies, or study of treatment of screen-detected cancer, has demonstrated a reduction in all-cause mortality.

Harms of Detection and Early Intervention

Harms related to screening. Convincing evidence demonstrates that the PSA test often produces false-positive results (approximately 80% of positive PSA tests are false positives when a cut-off point of 2.5–4.0 ng/mL is used) (4). The evidence is adequate that false-positive PSA tests are associated with negative psychological effects, including a persistent worry about prostate cancer. Men that have a false-positive test are more likely to have additional testing, including biopsies, in the following year than those who have a negative test (5). Over a 10-year period, approximately 15%–20% of men will have an abnormal result that triggers a biopsy, depending upon the PSA threshold and testing interval used (4). The evidence is convincing that prostate biopsy causes fever, infection, bleeding, and transient urinary difficulty in some men (about 68 events per 10,000 biopsies), as well as pain (67).
The evidence is also convincing that PSA-based screening leads to substantial overdiagnosis of prostate tumors. As noted above, overdiagnosis occurs when, despite a tumor’s pathological characteristics, it does not progress to cause illness or death in a man’s lifetime. Overdiagnosis is of particular concern in prostate cancer because a high percentage of men are treated at the time of diagnosis, and a man with an indolent lesion may experience any of the associated harms of a therapy but cannot benefit, by the very nature of the condition, from that intervention.
The USPSTF considered the magnitude of these screening-associated harms to be at least small.
Harms related to treatment of screen-detected cancer. Adequate evidence shows that nearly 90% of men with PSA-detected prostate cancer undergo early treatment with surgery, radiation, or androgen deprivation therapy. Adequate evidence also shows that up to 5 in 1,000 men will die within 1 month of prostate cancer surgery and between 10 and 70 men will have serious complications but survive. Radiotherapy and surgery result in adverse effects, including urinary incontinence and erectile dysfunction in at least 200 to 300 of 1,000 men treated with these therapies. Radiotherapy is also associated with bowel dysfunction (68).
Some clinicians have utilized androgen deprivation therapy for early-stage prostate cancer, particularly in older men, despite the fact that this is not an U.S. Food and Drug Administration (FDA)-approved indication and it has not been shown to improve clinical outcomes in localized prostate cancer. Adequate evidence shows that androgen deprivation therapy for localized prostate cancer is associated with erectile dysfunction (in about 400 out of 1,000 men treated), as well as gynecomastia and hot flashes. In addition, in patients given androgen deprivation therapy for advanced prostate cancer, some evidence suggests an increased risk of other serious harms, such as myocardial infarction and coronary heart disease, diabetes, and fractures, although these harms have not been well studied in men treated for localized prostate cancer (68).
PSA-based screening for prostate cancer results in the diagnosis and treatment of many more cancer cases than would occur without screening; thus, screening results in many more men who are subject to treatment-related adverse events. A sizable proportion of the additional cancer cases that are detected with screening represent overdiagnosis. Overdiagnosed men cannot reap benefit from the intervention, but are subject to all of the related risks of surgery, radiation, or hormone therapy. As such, overtreatment represents a critical consequence of PSA-based screening as currently utilized, most notably in the context of a high propensity for physicians and patients to elect to treat most cases of screen-detected cancer. Even for those men whose screen-detected cancer would otherwise have been later identified symptomatically, a high proportion experience the same outcome, and are thus subjected to the harms of treatment for a much longer period of time (39). The evidence is convincing that PSA-based screening for prostate cancer results in considerable overtreatment.
The USPSTF considered the magnitude of these treatment-associated harms to be at least moderate.

USPSTF Assessment

The common perception that PSA-based early detection of prostate cancer prolongs lives is not supported by the scientific evidence. The findings of the two largest trials highlight the uncertainty that remains about the precise effect that screening may have, and demonstrate that if any benefit does exist, it is very small after 10 years. The European trial found a statistically insignificant 0.06% absolute reduction in prostate cancer deaths for men aged 50 to 74 years, while the U.S. trial found a statistically insignificant 0.03% absolute increase in prostate cancer deaths (67). A meta-analysis of all published trials found no statistically significant reduction in prostate cancer deaths (10). At the same time, overdiagnosis and overtreatment of prostatic tumors that will not progress to cause illness or death are frequent consequences of PSA-based screening. Although about 90% of men are currently treated for PSA-detected prostate cancer in the United States—usually with surgery or radiotherapy—the vast majority of men who are treated do not have prostate cancer death prevented or lives extended from that treatment, but are subjected to significant harms.
The USPSTF concludes that there is moderate certainty that the harms of PSA-based screening for prostate cancer outweigh the benefits.

Clinical Considerations

Patient Population Under Consideration

This recommendation applies to men in the general U.S. population. Older age is the strongest risk factor for development of prostate cancer. However, a more favorable balance of benefits and harms for PSA-based screening does not accompany this increase in risk. Across age ranges, African American men and men with a family history of prostate cancer have an increased risk for developing and dying from prostate cancer compared with other men. However, the observed risk differences for race/ethnicity or family history are each relatively small when compared with the risk differences seen with increasing age (1), and there are no data that suggest that the net benefit of PSA-based screening is altered by race or family history.
The USPSTF did not evaluate the use of the PSA test as part of a diagnostic strategy in men with symptoms that are highly suspicious for prostate cancer. This recommendation also does not include the use of the PSA test for surveillance after diagnosis and/or treatment of prostate cancer.

Screening Tests

PSA-based screening in men aged 50 to 74 years has been evaluated in five unique randomized, controlled trials of single or interval PSA testing with various PSA cut-off points and screening intervals, along with other screening modalities such as digital rectal examination or transrectal ultrasonography (411-14). None of these trials has shown a statistically significant prostate cancer mortality benefit in all enrolled men; most demonstrated a trend toward harm in the screened arm. Two meta-analyses also have not demonstrated a benefit of PSA screening on prostate cancer-specific or overall mortality (1015).
The U.S. Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO) found a nonstatistically significant increase in prostate cancer mortality in the screened group after a median followup of 11.5 years, with results consistently favoring the nonscreened population, even after 11 years of followup (11).
Considering the findings of the two largest trials, the effect of PSA-based screening on death from prostate cancer after 10 years may range from a 0.03% absolute risk increase to a 0.06% absolute risk reduction (67). Screening tests or programs that do not incorporate PSA testing, including digital rectal examination alone, have not been evaluated adequately in controlled studies.

Treatment

Primary management strategies for PSA-detected prostate cancer include watchful waiting (observation and physical examination with palliative treatment of symptoms), active surveillance (periodic monitoring with PSA tests, physical examinations, and repeated prostate biopsy) with conversion to potentially curative treatment at the sign of disease progression or worsening prognosis, and surgery or radiation therapy (17). There is no consensus regarding the optimal treatment of localized disease. From 1986 through 2005, PSA-based screening likely resulted in approximately 1 million additional U.S. men being treated with surgery, radiation therapy, or both compared with before the test was introduced (18).
In the Scandinavian Prostate Cancer Group (SPCG)-4 trial, surgical management of localized, clinically-detected prostate cancer was associated with about a 6% absolute reduction in prostate cancer and all-cause mortality at 12–15 years’ followup; benefit appeared to be limited to men younger than age 65 years (9). Preliminary findings from the Prostate Cancer Intervention Versus Observation Trial (PIVOT) show that after 12 years, intention to treat with radical prostatectomy resulted in nonstatistically significant differences in disease-specific and all-cause mortality compared with observation that were less than 3% in absolute terms, in men with localized prostate cancer detected in the early PSA era (3).
Up to 0.5% of men will die within 30 days of undergoing radical prostatectomy, and 3%–7% will have serious surgical complications. Compared with men who choose watchful waiting, an additional 20% to 30% or more of men treated with radical prostatectomy will experience impotence, urinary incontinence, or both after 1 to 10 years. Radiation therapy is also associated with increases in erectile, bowel, and bladder dysfunction (68).

Other Considerations

Implementation

While the USPSTF discourages the use of screening tests for which the benefits do not outweigh the harms in the target population, it recognizes the common use of PSA screening in practice today and understands that some men will continue to request and some physicians will continue to offer screening. An individual man may choose to be screened because he places a higher value on the possibility of benefit, however small, than the known harms that accompany screening and treatment of screen-detected cancer, particularly the harms of overdiagnosis and overtreatment. This decision should be an informed decision, preferably made in consultation with a regular care provider. No man should be screened without his understanding and consent; community-based and employer-based screening that does not allow an informed choice should be discontinued.

Research Needs and Gaps

Because the balance of benefits and harms of prostate cancer screening is heavily influenced by overdiagnosis and overtreatment, research is necessary to identify ways to reduce the occurrence of these events, including evaluating the effect of altering PSA thresholds for an abnormal test or biopsy on false-positive rates and the detection of indolent disease. Similarly, new screening modalities must improve discriminatory accuracy between indolent disease and disease that is likely to clinically progress, thus reducing the number of men who require biopsy and subsequent treatment for disease that has a favorable prognosis without intervention. Research is also needed to compare the long-term benefits and harms of immediate treatment versus observation with delayed intervention in men with screen-detected prostate cancer. Two randomized, controlled trials—the PIVOT trial (19) and the U.K. Prostate Testing for Cancer and Treatment study (20)—are studying this issue. Preliminary results from the PIVOT trial potentially support raising the PSA threshold for recommending a biopsy and making treatment decisions in men subsequently diagnosed with prostate cancer.
Accurately ascertaining cause of death in older individuals can be problematic; as such, basing clinical recommendations on disease-specific mortality in the absence of an effect on all-cause mortality may not completely capture the health impact and goals of a screening and treatment program. Additional research is required to better assess and improve the reliability of prostate cancer mortality as a valid outcome measure in clinical trials, as well as the best application of the concomitant use of all-cause mortality.
Two large randomized, controlled trials of 5-alpha-reductase inhibitors (finasteride, dutasteride) have shown that these drugs reduce the risk of being diagnosed with prostate cancer in men receiving regular PSA tests. However, the observed reduction resulted from a decreased incidence of low-grade prostate cancer alone (Gleason score <6).The FDA has not approved finasteride and dutasteride for the prevention of prostate cancer, concluding that the drugs do not possess a favorable risk-benefit profile for this indication. The FDA cited associated adverse effects, including loss of libido and erectile dysfunction, but most importantly, it noted that in both trials there was an absolute increase in the incidence of high-grade prostate cancer in men randomized to finasteride or dutasteride compared with controls (21). Additional research would be useful to better understand the association of these drugs with the development of high-grade prostatic lesions, to determine the impact of 5-alpha-reductase inhibitors (or other potential preventive agents) on prostate cancer mortality and identify the population of men that might benefit most from prostate cancer prevention.

Discussion

Burden of Disease

An estimated 217,730 U.S. men received a prostate cancer diagnosis in 2010, and an estimated 32,050 men died from the disease (22). The average age of diagnosis was 67 years and the median age of death from prostate cancer from 2003 through 2007 was 80 years; 71% of deaths occurred in men older than age 75 years (1). African American men have a substantially higher prostate cancer incidence rate than white men (231.9 vs.146.3 cases per 100,000 men), and more than twice the prostate cancer mortality rate (56.3 vs. 23.6 deaths per 100,000 men, respectively) (22).
Prostate cancer is a clinically heterogeneous disease. Autopsy studies have shown that approximately one third of men aged 40–60 years have histologically evident prostate cancer (23); the proportion increases to as high as three fourths in men older than age 85 years (24). Most of these cases represent microscopic, well-differentiated lesions that are unlikely to be of clinical importance. The detection of lesions that are unlikely to be of clinical significance increases with frequency of PSA testing, lower thresholds to indicate an abnormal result, and the number of core biopsies obtained per diagnostic workup.

Scope of Review

The previous evidence update, performed for the USPSTF in 2008, found insufficient evidence that screening for prostate cancer improved health outcomes, including prostate cancer-specific and all-cause mortality, for men younger than age 75 years. In men aged 75 years or older, the USPSTF found adequate evidence that the incremental benefits of treatment for screen-detected prostate cancer are small to none, and that the harms of screening and treatment outweigh any potential benefits (25). After the publication of initial mortality results from two large randomized, controlled trials of prostate cancer screening, the USPSTF determined that a targeted update of the direct evidence on the benefits of PSA-based screening for prostate cancer should be performed (7). Additionally, the USPSTF requested a separate systematic review of the benefits and harms of treatment for localized prostate cancer (8).

Accuracy of Screening

The conventional PSA cut-off point of 4.0 ng/mL detects many cases of prostate cancer; however, some cases will be missed. Using a lower cut-off point detects more cases of cancer, but at the cost of labeling more men as potentially having cancer. For example, lowering the PSA cut-off point to 2.5 ng/mL would more than double the number of U.S. men aged 40 to 69 years with abnormal results (26), and the majority of these would be false-positive results. It also increases the likelihood of detection of indolent tumors with no clinical importance. Conversely, raising the PSA cut-off point to >10.0 ng/mL would reduce the number of men aged 50 to 69 years with abnormal results from approximately 1.2 million to around 352,000 individuals (26). There is no PSA cut-off point at which a man can be guaranteed to be free from prostate cancer (27).
There are inherent problems with the use of needle biopsy results as a reference standard to assess the accuracy of prostate cancer screening tests. Biopsy detection rates vary according to the number of biopsies performed during a single procedure; the more biopsies performed, the more cancer cases detected. More cancer cases detected with a “saturation” biopsy procedure (≥20 core biopsies) tend to increase the apparent specificity of an elevated PSA level; however, many of the additional cancer cases detected this way are unlikely to be clinically important. Thus, the accuracy of the PSA test for detecting clinically important prostate cancer cases cannot be determined with precision.
Variations of PSA screening, including the use of age-adjusted PSA cut-off points, free PSA, and PSA density, velocity, slope, and doubling time, have been proposed to improve detection of clinically important prostate cancer cases. However, no evidence has demonstrated that any of these testing strategies improve health outcomes, and some may even generate harms. One study found that utilizing PSA velocity in the absence of other indications could lead to 1 in 7 men undergoing a biopsy with no increase in predictive accuracy (28).

Effectiveness of Early Detection and Treatment

Two poor-quality randomized, controlled trials initiated in the 1980s in Sweden each demonstrated a nonstatistically significant trend toward increased prostate cancer mortality in groups invited to screening (1314). A third poor-quality trial from Canada showed similar results when an intention-to-screen analysis was used (12). The screening protocols for these trials varied; all included one or more PSA tests with cut-off points ranging from 3.0 to 10.0 ng/mL, in addition to digital rectal examination and/or transrectal ultrasonography.
The prostate component of the PLCO trial randomized 76,693 men aged 55 to 74 years to annual PSA screening for 6 years (and concomitant digital rectal examination for 4 years) or to usual care. It utilized a PSA cut-off point of 4.0 ng/mL. Diagnostic followup for positive screening tests and treatment choices were made by the participant and his personal physician; 90% of men with a prostate cancer diagnosis received active treatment (surgery, radiation, and/or hormonal therapy). After 7 years (complete followup), a nonstatistically significant trend toward increased prostate cancer mortality was seen in the screened arm (rate ratio [RR], 1.14 [95% CI, 0.75–1.70]) compared with men in the control arm. Similar findings were observed after 10 years. The primary criticism of this study relates to the high contamination rate; approximately 50% of men in the control arm received at least one PSA test during the study, although the investigators specifically increased both the number of screening intervals and the duration of followup to attempt to compensate for the contamination effects. About 40% of participants had received a PSA test in the 3 years prior to enrollment, though subgroup analyses stratified by history of PSA testing prior to study entry did not reveal differential effects on prostate cancer mortality rates (11).
The ERSPC trial randomized 182,000 men aged 50 to 74 years from seven European countries to PSA testing every 2 to 7 years or to usual care. PSA cut-off points ranged from 2.5 to 4.0 ng/mL, depending on study center (one center utilized a cut-off point of 10.0 ng/mL for several years). Sixty-six percent of men who received a prostate cancer diagnosis chose immediate treatment—surgery, radiation therapy, hormonal therapy, or some combination. After a median followup of 9 years, there was no statistically significant difference in prostate cancer mortality for all enrolled men (RR, 0.85 [95% CI, 0.73 to 1.00]). In a prespecified subgroup analysis limited to men aged 55 to 69 years, a statistically significant reduction in prostate cancer deaths was seen (RR, 0.80 [95% CI, 0.65–0.98]). Subgroup analyses demonstrated a nonsignificant trend toward increased prostate cancer mortality in screened men aged 50 to 54 and 70 to 74 years. The observed difference in prostate cancer mortality for the subgroup of men aged 55 to 69 years first emerged at approximately 9 years (the median length of followup for the trial); thus, the effect size may change (increase or disappear) with further followup. The authors estimated that 1,410 men would need to be screened and 48 additional men would need to be treated to prevent one prostate cancer death (4). Primary criticisms of this study relate to inconsistencies in age requirements, screening intervals, PSA thresholds, and enrollment procedures utilized among the study centers, as well as the exclusion of data from two study centers in the analysis. There is also concern that differential treatments between the study and control groups may have had an impact on outcomes. Of note, men in the screened group were more likely to have been treated in a university setting than men in the control group, and a control subject with high-risk prostate cancer was more likely than a screened subject to receive radiotherapy, expectant management, or hormonal therapy instead of radical prostatectomy (29).
After the publication of the ERSPC results, a single center from within that trial (Göteborg, Sweden) reported data separately. At this center, 20,000 men aged 50 to 64 years were randomized to an invitation to screening with PSA every 2 years or to usual care; median followup was 14 years. A PSA cut-off point of 3.0 ng/mL was initially used but was lowered to 2.5 ng/mL. Fifty-eight percent of participants diagnosed with prostate cancer in the screened arm chose immediate treatment. The rate ratio for prostate cancer mortality in the screened arm was 0.56 (95% CI, 0.39–0.82); the absolute risk reduction was 0.34% (16). Outcomes for 60% of this center’s participants had previously been reported as part of the full ERSPC publication, and comparative mortality rates are not available for any other individual study center, making it somewhat challenging to interpret these findings in context. An analysis in the overall ERSPC publication demonstrated that, of all participating countries, Sweden demonstrated the most favorable effect on the combined prostate cancer mortality reduction estimate, and that the overall study results for the “core” population were no longer statistically significant when findings from Sweden were excluded (4). None of the other centers published individual results.
Two meta-analyses found no statistically significant differences in prostate cancer mortality (RR, 0.88 [95% CI, 0.71–1.09] and 0.95 [95% CI, 0.85–1.07]) or overall mortality (RR, 0.99 [95% CI, 0.98–1.01] and 1.00 [95% CI, 0.98–1.02]) in men undergoing PSA-based screening compared with controls (1015).
There have been few randomized, controlled trials comparing prostate cancer treatments with watchful waiting. A randomized, controlled trial of 695 men with localized prostate cancer (SPCG-4) reported an 11.7% (95% CI, 4.8–18.6) absolute reduction in the risk of distant metastases in patients assigned to radical prostatectomy versus watchful waiting after 15 years’ followup. An absolute reduction in prostate cancer mortality (6.1% [95% CI, 0.2–12]) and a trend toward a reduction in all-cause mortality (6.6% [95% CI, −1.3 to 14.5]) were also observed over this time period. Subgroup analysis suggests that the benefits of prostatectomy may have been restricted to younger (<65 years) men, but were seen in men with PSA values less than 10 and Gleason histological scores of 6 or less. Additionally, radical prostatectomy reduced the use of hormonal therapy by 23.8%. The applicability of these findings to cancer detected via PSA-based screening is limited, as only 5% of participants were diagnosed with prostate cancer via some form of screening, 88% had palpable tumors, and more than 40% of participants presented with symptoms (930).
Preliminary results from the PIVOT trial have become available. The PIVOT trial was composed of men with prostate cancer detected after the initiation of widespread PSA testing and took place within the United States. The trial randomized 731 men aged 75 years or younger (mean age, 67 years) with a PSA value less than 50 ng/mL (mean PSA value, 10 ng/mL) and clinically localized prostate cancer to radical prostatectomy versus watchful waiting. One third of participants were African American. Based upon PSA value, Gleason score, and tumor stage, approximately 43% had low-risk tumors, 36% had intermediate-risk tumors, and 21% had high-risk tumors. After a median followup of 10 years, there were no statistically significant differences in prostate cancer-specific or all-cause mortality between men treated with surgery versus observation (absolute risk reduction, 2.7% [95% CI, −1.3 to 6.2] and 2.9% [95% CI, −4.1 to 10.3], respectively). Subgroup analysis found that the effect of radical prostatectomy compared with observation for both overall and prostate cancer mortality did not vary by patient characteristics (including age, race, health status and comorbidities, or Gleason histologic score), but there was variation by PSA level and possibly tumor risk category. In men in the radical prostatectomy group with a PSA value greater than 10 ng/mL at diagnosis, there was an absolute risk reduction of 7.2% (95% CI, 0.0–14.8) and 13.2% (95% CI, 0.9–24.9) for prostate cancer-specific and all-cause mortality, respectively, compared with men in the watchful waiting group. However, men in the radical prostatectomy group with PSA values of 10 ng/mL or less, or those with low-risk tumors, did not experience a reduction in prostate cancer-specific or all-cause mortality, and there was a potential suggestion (nonstatistically significant) of increased harm when compared with the watchful waiting arm (3).

Harms of Screening and Treatment

False-positive PSA test results are common and vary depending on the PSA cut-off point and frequency of screening. After four PSA tests, men in the screening arm of PLCO had a 12.9% cumulative risk of receiving at least one false-positive result (defined as PSA >4.0 ng/mL and no prostate cancer diagnosis after 3 years) and a 5.5% risk of having at least one biopsy due to a false-positive result (31). Men with false-positive PSA test results are more likely to worry specifically about prostate cancer, have a higher perceived risk for prostate cancer, and report problems with sexual function compared with control participants for up to 1 year after testing (32). In one study of men with false-positive PSA test results, 26% reported that they had experienced moderate to severe pain during the biopsy; men with false-positive results were also more likely to undergo repeated PSA testing and additional biopsies during the 12 months following the initial negative biopsy (33).
Harms of prostate biopsy reported by the Rotterdam center of the ERSPC trial include persistent hematospermia (50.4%), hematuria (22.6%), fever (3.5%), urinary retention (0.4%), and hospitalization for signs of prostatitis or urosepsis (0.5%) (34). Pain and discomfort are also associated with prostate biopsy. The documented range varies widely, from around one quarter to more than 90% of men, depending on the definition of “pain/discomfort” utilized, use of analgesia, number of core biopsies taken (as taking more samples appears to be associated with greater pain), and age of the patient (as younger men have reported higher levels and frequencies of pain than older individuals) (35).
The low specificity of the PSA test coupled with its inability to distinguish indolent from aggressive tumors means that a substantial number of men are being overdiagnosed with prostate cancer. Estimates derived from the ERSPC trial suggest overdiagnosis rates of 48% to 67% of prostate cancer cases detected by the PSA test (3637). Overdiagnosis is of particular concern because although these men cannot benefit from any associated treatment, they are still subject to the harms of a given therapy. Evidence indicates that nearly 90% of men diagnosed with clinically localized prostate cancer through PSA testing undergo early treatment—primarily radical prostatectomy and radiation therapy.
Radical prostatectomy is associated with a 20% increased absolute risk of urinary incontinence and a 30% increased absolute risk of impotence compared with watchful waiting (i.e., increased 20% over a median rate of 6% and 30% over a median rate of 45%, respectively) after 1 to 10 years. Perioperative deaths or cardiovascular events occur in about 0.5% and 0.6%–3% of patients (68). Comparative data on outcomes using different surgical techniques are limited; one population-based observational cohort study using U.S. Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) and Medicare linked data found that minimally invasive/robotic radical prostatectomy for prostate cancer was associated with higher risks for genitourinary complications, incontinence, and erectile dysfunction than open radical prostatectomy (38).
Radiation therapy is associated with a 17% absolute increase in risk of impotence (i.e., increased 17% over a median rate of 50%) and an increased risk of bowel dysfunction compared with watchful waiting after 1 to 10 years; the effect is most pronounced in the first few months after treatment (68).
Localized prostate cancer is not an FDA-approved indication for androgen deprivation therapy, and clinical outcomes for older men receiving this treatment for localized disease are worse than for those who are conservatively managed (39). Androgen deprivation therapy is associated with an increased risk of impotence compared with watchful waiting (absolute risk difference, 43%), as well as systemic effects such as hot flashes and gynecomastia (68). In advanced prostate cancer, androgen deprivation therapy may generate other serious harms, including diabetes, myocardial infarction, or coronary heart disease; however, these effects have not been well studied in men treated for localized prostate cancer.

Estimate of Magnitude of Net Benefit

No trial has shown a decrease in overall mortality with the use of PSA-based screening through 11 years of followup. Most randomized trials have failed to demonstrate a reduction in prostate cancer deaths with the use of the PSA test, and several—including the PLCO trial—have suggested an increased risk in screened men, potentially due to morbidities associated with overdiagnosis and overtreatment. In a prespecified subgroup of men aged 55 to 69 years in the ERSPC trial, a small (0.07%) absolute reduction in prostate cancer deaths was observed after a median followup of 9 years. No statistically significant effect was seen when all enrolled men (ages 50 to 74 years) were included in the analysis. The time until any potential cancer-specific mortality benefit for PSA-based screening emerges is long (at least 9 to 10 years), and most men with prostate cancer die of causes other than prostate cancer (40); as such, even among men diagnosed with prostate cancer via PSA screening, very few will have prostate cancer death prevented or their lives extended as a result of screening.
The harms of PSA-based screening for prostate cancer include a high rate of false-positive results and accompanying negative psychological effects, complications associated with diagnostic biopsy, and, most importantly, a risk for overdiagnosis coupled with overtreatment. Depending on the modality employed, treatments for prostate cancer carry the risk of death, cardiovascular events, urinary incontinence, impotence, and bowel dysfunction.
The mortality benefits of PSA-based prostate cancer screening through 10 years are small to none, while the harms are moderate to substantial. Therefore, the USPSTF concludes with moderate certainty that PSA-based screening for prostate cancer, as currently utilized and studied in randomized, controlled trials, has no net benefit.

How Does Evidence Fit With Biological Understanding?

PSA-based screening and subsequent treatment, as currently practiced in the United States, presupposes that the majority of asymptomatic prostate cancer cases will ultimately become clinically important and lead to poor health outcomes. However, long-term, population-based cohort studies of conservatively managed men with localized prostate cancer do not support this hypothesis. A review of the Connecticut Tumor Registry—initiated before the PSA era—examined the long-term probability of prostate cancer death among men (median age at diagnosis, 69 years) whose tumors were mostly incidentally identified at the time of transurethral resection or open surgery for benign prostatic hyperplasia. Men received observation alone or early or delayed androgen withdrawal therapy. After 15 years of followup, the overall risk of dying from prostate cancer was 18 deaths per 1,000 person-years. For men with well-differentiated prostate cancer, it was 6 deaths per 1,000 person-years; far more of these men had died from causes other than prostate cancer (75% vs. 7%) (41). An analysis of the SEER database after the widespread introduction of PSA-based screening examined the risk of death in men with localized prostate cancer who did not undergo initial attempted curative therapy. The 10-year prostate cancer mortality rate for well- or moderately-differentiated tumors among men aged 66–69 years at diagnosis was 0%–7%, depending on tumor stage, versus 0%–22% for other causes. The relative proportion of deaths attributable to other causes compared with prostate cancer increased substantially with age at prostate cancer diagnosis (42).

Update of Previous USPSTF Recommendation

This recommendation replaces the 2008 recommendation (25). Whereas the USPSTF previously recommended against PSA-based screening for prostate cancer in men aged 75 years and older and concluded that the evidence was insufficient to make a recommendation in younger men, the USPSTF now recommends against PSA-based screening for prostate cancer in all age groups.

Recommendations of Others

The American Urological Association recommends that PSA screening should be offered to men aged 40 years or older (43). The American Cancer Society emphasizes informed decisionmaking for prostate cancer: men at average risk should receive information beginning at age 50 years, while African American men or men with a family history of prostate cancer should receive information at age 45 years (44). The American College of Physicians (45) and the American College of Preventive Medicine (46) recommend that clinicians discuss the potential benefits and harms of PSA screening with men aged 50 years and older, consider their patients’ preferences, and individualize screening decisions.

Appendix: U.S. Preventive Services Task Force

Members of the U.S. Preventive Services Task Force* at the time this recommendation was drafted are Virginia A. Moyer, MD, MPH, Chair (Baylor College of Medicine, Houston, Texas); Michael L. LeFevre, MD, MSPH, Co-Vice Chair (University of Missouri School of Medicine, Columbia, Missouri); Albert L. Siu, MD, MSPH, Co-Vice Chair (Mount Sinai School of Medicine, New York, New York); Kirsten Bibbins-Domingo, PhD, MD (University of California, San Francisco, California); Susan J. Curry, PhD (University of Iowa College of Public Health, Iowa City, Iowa); Glenn Flores, MD (University of Texas Southwestern, Dallas, Texas); Adelita Gonzales Cantu, RN, PhD (University of Texas Health Science Center, San Antonio, Texas); David C. Grossman, MD, MPH (Group Health Cooperative, Seattle, Washington); George J. Isham, MD, MS (HealthPartners, Minneapolis, Minnesota); Rosanne M. Leipzig, MD, PhD (Mount Sinai School of Medicine, New York, New York); Joy Melnikow, MD, MPH (University of California Davis, Sacramento, California); Bernadette Melnyk, PhD, RN (Ohio State University College of Nursing, Columbus, Ohio); Wanda K. Nicholson, MD, MPH, MBA (University of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill, North Carolina); Carolina Reyes, MD, MPH (Virginia Hospital Center, Arlington, Virginia); J. Sanford Schwartz, MD, MBA (University of Pennsylvania Medical School and the Wharton School, Philadelphia, Pennsylvania); and Timothy J. Wilt, MD, MPH (University of Minnesota Department of Medicine and Minneapolis Veteran Affairs Medical Center, Minneapolis, Minnesota). Ned Calonge, MD, MPH, a previous Task Force member, also made significant contributions to this recommendation.
* For a list of current Task Force members, go to http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/about.htm.

Table 1: What the Grades Mean and Suggestions for Practice

Grade Definition Suggestions for Practice
A The USPSTF recommends the service. There is high certainty that the net benefit is substantial. Offer/provide this service.
B The USPSTF recommends the service. There is high certainty that the net benefit is moderate or there is moderate certainty that the net benefit is moderate to substantial. Offer/provide this service.
C The USPSTF recommends against routinely providing the service. There may be considerations that support providing the service in an individual patient. There is at least moderate certainty that the net benefit is small. Offer/provide this service only if other considerations support offering or providing the service in an individual patient.
D The USPSTF recommends against the service. There is moderate or high certainty that the service has no net benefit or that the harms outweigh the benefits. Discourage the use of this service.
I Statement The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of the service. Evidence is lacking, of poor quality, or conflicting, and the balance of benefits and harms cannot be determined. Read “Clinical Considerations” section of USPSTF Recommendation Statement. If the service is offered, patients should understand the uncertainty about the balance of benefits and harms.



Table 2: Levels of Certainty Regarding Net Benefit

Level of Certainty Description
High The available evidence usually includes consistent results from well-designed, well-conducted studies in representative primary care populations. These studies assess the effects of the preventive service on health outcomes. This conclusion is therefore unlikely to be strongly affected by the results of future studies.
Moderate The available evidence is sufficient to determine the effects of the preventive service on health outcomes, but confidence in the estimate is constrained by factors such as:

  • the number, size, or quality of individual studies;
  • inconsistency of findings across individual studies;
  • limited generalizability of findings to routine primary care practice;
  • or lack of coherence in the chain of evidence.
As more information becomes available, the magnitude or direction of the observed effect could change, and this change may be large enough to alter the conclusion.
Low The available evidence is insufficient to assess effects on health outcomes. Evidence is insufficient because of:

  • the limited number or size of studies;
  • important flaws in study design or methods;
  • inconsistency of findings across individual studies;
  • gaps in the chain of evidence;
  • findings not generalizable to routine primary care practice; or
  • a lack of information on important health outcomes.
More information may allow an estimation of effects on health outcomes.
The U.S. Preventive Services Task Force defines certainty as “likelihood that the USPSTF assessment of the net benefit of a preventive service is correct”. The net benefit is defined as benefit minus harm of the preventive service as implemented in a general, primary care population. The USPSTF assigns a certainty level based on the nature of the overall evidence available to assess the net benefit of a preventive service.

References

1. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, Neyman N, Aminou R, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975–2008. Bethesda, MD: National Cancer Institute; 2011. Accessed athttp://seer.cancer.gov/csr/1975_2008/index.html on 6 October 2011.
2. Thompson IM, Goodman PJ, Tangen CM, Lucia MS, Miller GJ, et al. The influence of finasteride on the development of prostate cancer. N Engl J Med. 2003;349:215-24.
3. Wilt TJ. The VA/NCI/AHRQ Cooperative Studies Program #407: Prostate cancer Intervention Versus Observation Trial (PIVOT): main results from a randomized trial comparing radical prostatectomy to watchful waiting in men with clinically localized prostate cancer. Paper presented at: 107th Annual Meeting of the American Urological Association; May 2011; Washington, DC. 
4. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ, Tammela TL, Ciatto S, et al. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. N Engl J Med. 2009;360:1320-8.
5. Lin K, Lipsitz R, Miller T, Janakiraman S; U.S. Preventive Services Task Force. Benefits and harms of prostate-specific antigen screening for prostate cancer: an evidence update for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2008;149:192-9.
6. Chou R, Croswell JM, Dana T, Bougatsos C, Blazina I, et al. Screening for prostate cancer: a review of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2011 Oct 7. [Epub ahead of print]
7. Lin K, Croswell JM, Koenig H, Lam C, Maltz A. Prostate-Specific Antigen-Based Screening for Prostate Cancer: An Evidence Update for the U.S. Preventive Services Task Force. Evidence Synthesis No. 90. AHRQ Publication No. 12-05160-EF-1. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2011.
8. Chou R, Dana T, Bougatsos C, Fu R, Blazina I, et al. Treatments for Localized Prostate Cancer: Systematic Review to Update the 2002 U.S. Preventive Services Task Force Recommendation. Evidence Synthesis No. 91. AHRQ Publication No. 12-05161-EF-2. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2011.
9. Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M, Garmo H, Stark JR, et al. Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer. N Engl J Med. 2011;364:1708-17.
10. Ilic D, O’Connor D, Green S, Wilt TJ. Screening for prostate cancer: an updated Cochrane systematic review. BJU Int. 2011;107:882-91.
11. Andriole GL, Crawford ED, Grubb RL 3rd, Buys SS, Chia D, et al. Mortality results from a randomized prostate-cancer screening trial. N Engl J Med. 2009;360:1310-9.
12. Labrie F, Candas B, Cusan L, Gomez JL, Bélanger A, et al. Screening decreases prostate cancer mortality: 11-year follow-up of the 1988 Quebec prospective randomized controlled trial. Prostate. 2004;59:311-8.
13. Sandblom G, Varenhorst E, Rosell J, Löfman O, Carlsson P. Randomised prostate cancer screening trial: 20 year follow-up. BMJ. 2011;342:d1539.
14. Kjellman A, Akre O, Norming U, Törnblom M, Gustafsson O. 15-year followup of a population based prostate cancer screening study. J Urol. 2009;181:1615-21.
15. Djulbegovic M, Beyth RJ, Neuberger MM, Stoffs TL, Vieweg J, et al. Screening for prostate cancer: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2010;341:c4543.
16. Hugosson J, Carlsson S, Aus G, Bergdahl S, Khatami A, et al. Mortality results from the Göteborg randomised population-based prostate-cancer screening trial. Lancet Oncol. 2010;11:725-32.
17. Wilt TJ, MacDonald R, Rutks I, Shamliyan TA, Taylor BC, Kane RL. Systematic review: comparative effectiveness and harms of treatments for clinically localized prostate cancer.Ann Intern Med. 2008;148:435-48.
18. Welch HG, Albertsen PC. Prostate cancer diagnosis and treatment after the introduction of prostate-specific antigen screening: 1986–2005. J Natl Cancer Inst. 2009;101:1325-9.
19. Wilt TJ, Brawer MK, Barry MJ, Jones KM, Kwon Y, et al. The Prostate cancer Intervention Versus Observation Trial: VA/NCI/AHRQ Cooperative Studies Program #407 (PIVOT): design and baseline results of a randomized controlled trial comparing radical prostatectomy to watchful waiting for men with clinically localized prostate cancer. Contemp Clin Trials. 2009;30:81-7.
20. Moore AL, Dimitropoulou P, Lane A, Powell PH, Greenberg DC, et al. Population-based prostate-specific antigen testing in the UK leads to a stage migration of prostate cancer.BJU Int. 2009;104:1592-8.
21. Theoret MR, Ning YM, Zhang JJ, Justice R, Keegan P, Pazdur R. The risks and benefits of 5a-reductase inhibitors for prostate-cancer prevention. N Engl J Med. 2011;365:97-9.
22. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2010. Atlanta: American Cancer Society; 2010. Accessed athttp://www.cancer.org/Research/CancerFactsFigures/CancerFactsFigures/cancer-facts-and-figures-2010 on 6 October 2011.
23. Sakr WA, Haas GP, Cassin BF, Pontes JE, Crissman JD. The frequency of carcinoma and intraepithelial neoplasia of the prostate in young male patients. J Urol. 1993;150:379-85.
24. Grönberg H. Prostate cancer epidemiology. Lancet. 2003;361:859-64.
25. U.S. Preventive Services Task Force. Screening for prostate cancer: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2008;149:185-91.
26. Welch HG, Schwartz LM, Woloshin S. Prostate-specific antigen levels in the United States: implications of various definitions for abnormal. J Natl Cancer Inst. 2005;97:1132-7.
27. Thompson IM, Ankerst DP, Chi C, Lucia MS, Goodman PJ, et al. Operating characteristics of prostate-specific antigen in men with an initial PSA level of 3.0 ng/ml or lower. JAMA. 2005;294:66-70.
28. Vickers AJ, Till C, Tangen CM, Lilja H, Thompson IM. An empirical evaluation of guidelines on prostate-specific antigen velocity in prostate cancer detection. J Natl Cancer Inst. 2011;103:462-9.
29. Wolters T, Roobol MJ, Steyerberg EW, van den Bergh RC, Bangma CH, et al. The effect of study arm on prostate cancer treatment in the large screening trial ERSPC. Int J Cancer. 2010;126:2387-93.
30. Bill-Axelson A, Holmberg L, Filén F, Ruutu M, Garmo H, et al. Radical prostatectomy versus watchful waiting in localized prostate cancer: the Scandinavian Prostate Cancer Group-4 randomized trial. J Natl Cancer Inst. 2008;100:1144-54.
31. Croswell JM, Kramer BS, Kreimer AR, Prorok PC, Xu JL, et al. Cumulative incidence of false-positive results in repeated, multimodal cancer screening. Ann Fam Med. 2009;7:212-22.
32. McNaughton-Collins M, Fowler FJ Jr, Caubet JF, Bates DW, Lee JM, et al. Psychological effects of a suspicious prostate cancer screening test followed by a benign biopsy result. Am J Med. 2004;117:719-25.
33. Fowler FJ Jr, Barry MJ, Walker-Corkery B, Caubet JF, Bates DW, et al. The impact of a suspicious prostate biopsy on patients’ psychological, socio-behavioral, and medical care outcomes. J Gen Intern Med. 2006;21:715-21.
34. Raaijmakers R, Kirkels WJ, Roobol MJ, Wildhagen MF, Schröder FH. Complication rates and risk factors of 5802 transrectal ultrasound-guided sextant biopsies of the prostate within a population-based screening program. Urology. 2002;60:826-30.
35. De Sio M, D’Armiento M, Di Lorenzo G, Damiano R, Perdonà S, et al. The need to reduce patient discomfort during transrectal ultrasonography-guided prostate biopsy: what do we know? BJU Int. 2005;96:977-83.
36. Welch HG, Black WC. Overdiagnosis in cancer. J Natl Cancer Inst. 2010;102:605-13.
37. Draisma G, Boer R, Otto SJ, van der Cruijsen IW, Damhuis RA, et al. Lead times and overdetection due to prostate-specific antigen screening: estimates from the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. J Natl Cancer Inst. 2003;95:868-78.
38. Hu JC, Gu X, Lipsitz SR, Barry MJ, D’Amico AV, et al. Comparative effectiveness of minimally invasive vs open radical prostatectomy. JAMA. 2009;302:1557-64.
39. Lu-Yao GL, Albertsen PC, Moore DF, Shih W, Lin Y, et al. Survival following primary androgen deprivation therapy among men with localized prostate cancer. JAMA. 2008;300:173-81.
40. Lu-Yao G, Stukel TA, Yao SL. Changing patterns in competing causes of death in men with prostate cancer: a population based study. J Urol. 2004;171:2285-90.
41. Albertsen PC, Hanley JA, Fine J. 20-year outcomes following conservative management of clinically localized prostate cancer. JAMA. 2005;293:            2095-101      .
42. Lu-Yao GL, Albertsen PC, Moore DF, Shih W, Lin Y, et al. Outcomes of localized prostate cancer following conservative management. JAMA. 2009;302:1202-9.
43. Carroll P, Albertsen PC, Greene K, Babaian RJ, Carter HB, et al. Prostate-Specific Antigen Best Practice Statement: 2009 Update. Linthicum, MD: American Urological Assocation; 2009. Accessed at http://www.auanet.org/content/guidelines-and-quality-care/clinical-guidelines/main-reports/psa09.pdf on 6 October 2011.
44. Wolf AM, Wender RC, Etzioni RB, Thompson IM, D’Amico AV, et al. American Cancer Society guideline for the early detection of prostate cancer: update 2010. CA Cancer J Clin. 2010;60:70-98.
45. American College of Physicians. Screening for prostate cancer. Ann Intern Med. 1997;126:480-4.
46. Lim LS, Sherin K; ACPM Prevention Practice Committee. Screening for prostate cancer in U.S. men: ACPM Position Statement on Preventive Practice. Am J Prev Med. 2008;34:164-70.
Current as of October 2011

Internet Citation:
U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Prostate Cancer: Draft Recommendation Statement. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf12/prostate/draftrecprostate.htm

How Big Pharma Forced Poor Countries to Keep Drug Prices High


Source: The Fix
A new cache of Wikileaks docs claims that American pharmaceutical companies successfully strong-armed dozens of smaller, poorer nations to keep drug prices and profits high, often with the help of hapless U.S. diplomats.
Let the sunshine in. Photo via



Among the hundreds of thousands of secret US State Department cables recently released by WikiLeaks, the controversial whistleblower website, a cache reveals US diplomats defending the interests of big pharmaceutical companies, even at the risk of the hosting nation’s own public health priorities. The memos dutifully detail the many embassy meetings with local Big Pharma reps, during which US officials are presented with laundry lists of issues to raise with one or another local government ministry. Invariably the goal of the exercise is for pharma to pressure the US to pressure the host country to give favorable treatment to expensive brand name drugs, typically by preventing in-country manufacturing or marketing of far cheaper generic versions.
Separate cables show such industry profiteering tactics threatening to taint US diplomatic relations in emerging nations such as Hong Kong, the Dominican Republic, the PhilippinesTurkeyVenezuelaSaudi Arabia, and India. Overall, a familiar picture emerges of a diplomatic corps if not held hostage by, at least a captive audience to, the financial interests of the biggest American pharma companies as they come into covert conflict with developing nations that quite naturally prioritize the health care of their people over the high margins that Big Pharma has come to expect. With several hundred drugs and vaccines in development to treat addiction, the scourge of hundreds of millions worldwide, the affordability and accessibility of these innovative (and, no doubt, expensive) medicines will become a pitched battle in global public health over the next decade. The outcome of the skirmishes sketched in the WikiLeaks cables will help decide whether profits or people prove victorious.
The cables by no means paint a uniform portrait of government lackeys doing industry’s bidding. Many memos betray a between-the-lines irritation at pharma’s monomaniacal self-interest. Still, there is a disturbing silence on the obvious moral or ethical objections to industry demands for high price, long patents, and other protections despite the cost in human lives. Only a single cable—from the outgoing US ambassador to Poland in 2009—lays bare the vast greed that drives these complex, highly technical negotiations.
The developing nations, contrary to what you might expect, in many ways hold the best cards in this political game. Emerging nations have the fastest-growing economies, the most upwardly mobile middle classes, and the biggest untapped markets in the world. And in their impressive pushback against Big Pharma, India has been the 800-pound gorilla over the past decade. A democracy with well-educated but relatively inexpensive brain power, the pharma industry views India not merely as a market but as a potential new hub of drug development and testing.
There is a disturbing silence on the obvious moral objections to industry demands for high prices, long patents, and other protections despite the cost in human lives. Only a single cable lays bare the vast greed that drives these complex, technical negotiations.
Aware of its advantage, India has played hardball, starting with its approval of local generic HIV drugs for its hundreds of thousands of citizens with the virus—a defiant challenge to Big Pharma, which had refused to discount its own brand-name AIDS drugs to affordable levels. (In the US, HIV treatment costs as much as $15,000 a year; the Indian generic knocked out knockoffs with a $350 price tag.) In addition, India’s supreme court has been fearless in shooting down foreign pharmas when they sue for patent infringement by Indian generic companies. When an emerging nation’s entire legal and legislative apparatus unite to oppose industry interests, the company can either fold its hand or fold up its tent. When drug companies retaliated by boycotting India and refusing to sell new drugs there, they attracted universal opprobrium for denying sick people medicines.
Typically, the WikiLeaks memo from the US embassy in New Delhi detail a laundry list of complaints by the Organization of Pharmaceutical Producers of India, including a new price-control regime to keep drug costs more affordable and a wholesale rejection, over US objections, of so-called data exclusivity, allowing a generic firm to bring knockoffs to market as soon as a branded patent ends.
Drug prices are only one of the issues raised in the cables. Equally important to Big Pharma is obtaining patent protection in new markets. Patents, which confer market exclusivity on a product, are especially dear to drugmakers because truly innovative medicines are among the riskiest and most expensive investments around; a company spends, on average, $1 billion and 10 years to bring a new drug to market, and the rate of failure in late-stage development is more than 50%. Without a patent to allow the manufacturer a monopoly to sell the drug for a limited period of time, a competitor could copycat the molecule virtually overnight. 
But what is a fair compromise between an innovator’s need to recoup profits from an invention and the public’s need to access medicine at an affordable price? In the US, with its political system owned and operated by corporations, the answer is, as much as the market will bear—one reason that our health-care is the most expensive and the least efficient in the developed world. But it turns out that most nations in the rest of the world are far less servile to Big Pharma than Uncle Sam.
In the Dominican Republic a group of Big Pharma reps met with a US counsel to request a speedup in the very slow rate at which the small nation’s patent approval office was stamping drugmakers’ filings: out of 700 filed over the past decade, fewer than 10 had been processed! The diplomat penning the memo, which was all analysis and no action, commented wryly that the Dominican Republican was evidently waiting to see if the anti-corporate winds blowing across Latin America marked a lasting change in the political weather. 
The politics of patent protection of pharmaceuticals tend to make for tedious reading, as do the details of the World Trade Organization’s treaty called the Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement, which gives private companies broad protections for their medicine monopolies, including a guarantee of 20-year patent protection before competitors can flood the market with generics. (A monopoly is, by definition, not a free market.)  But, as longtime consumer activist James Love, who heads the Knowledge Ecology International organization, explained to The Fix,“All the things the US is doing is whatever benefits a handful of companies like Pfizer, Abbott, Merck, and so on. The US basically pushes for anything they want.” Whenever they score a major victory for these companies, they try to push it further. Love explained, “What does the US want? The US wants more.” 
Although under the TRIPS agreement, pharmaceutical companies could register their drugs for 20-year patents in any nation via that country’s regulatory apparatus. But they don’t want to risk the sly Dominican Republic–style delay. So they want more. They want automatic monopolies in every country. In practice, the easiest way to get these monopolies is by having the State Department pressure governments in the developing world to grant them long periods of data exclusivity. The data at issue consists of the mountain of information from the numerous clinical trials showing safety and efficacy to win approval from the FDA. By demanding data exclusivity, Big Pharma is essentially trying, Love explained, “to create an intellectual property right over the very knowledge that a drug is safe and effective—something that is completely independent of a patent.”
A generic-drugmaker would be forced to repeat the entire clinical-trials process, an immense waste of time and money since the work has already been done, in order to get stamped OK to market. This is why American diplomats sought to write in data exclusivity clauses into trade agreements with countries like India, which India has simply scoffed at, enabling the country to begin manufacturing generic AIDS drugs.
The Wikileaks documents reveal that the data-exclusivity controversy—given the intense pushback by emerging nations against granting pharma de facto monopolies even where they do not have patents over their drugs—is a concern verging on an obsession of the industry, which in turn does its best to rally in-country US officials to the issue.
But to little effect. In the Philippines, for example, was having none of Big Pharma’s knowledge monopoly. The author of the cable noted drily that it was passing laws that “respect the letter but not the spirit” of TRIPS on data exclusivity and “new use patents” (patent protection for already-approved drugs that get additional OK’s for new conditions, such as the antidepressant Cymbalta a.k.a. the anti-pain treatment Lyrica for fibromyalgia). In the US, when Cymbalta’s antidepressant patent runs out, generic companies will cannibalize its sales with cheap versions, but the Lyrica/fibromyalgia patent will still have several years of life, so while doctors may prescribe generic Cymbalta for either medical condition, many insurance companies will not cover the generic as an anti-fibromyalgia, even though it amounts to chump change, because of Lyrica’s patent.
As the WikiLeaks memo from the Manila embassy indicates, even after a meeting with a high-level US trade official, the Philippine legislators refused to budge on the “new use patent” issue, citing India’s new legislation, which bars such foreign patents. One reportedly told the trade rep, “Is the US going to go to the mat with India over this issue?”
The case of Poland provides unique insight into the role of US diplomatic efforts in advocating for Big Pharma. Because many medicines are too expensive for Poles to purchase without government subsidies, the Polish government—like most EU nations—maintains a list of drugs that it will subsidize. Getting a drug on this list is a pharma’s top objective as it is a prerequisite for penetration of the Polish market. 
“While pharmaceutical companies often assert that they would be happy with a transparent process, even if it led to decisions not to fund their drugs, in practice they seem to resent all government measures aimed at cost containment, as these limit sales,” Ambassador Ashe wrote.
When George W. Bush appointed his former Yale roommate, Victor Ashe, as ambassador to Poland, this issue became a constant demand on his time. Almost as soon as he arrived in Warsaw, the former Knoxville, Tennessee, mayor became the obedient mouthpiece of American drug companies’ interests, writing a letter urging the Ministry of Health not to lower the prices of the drugs on that list. Each year of his tenure, his office would obsess over the announcement of that list, sending detailed cables to Washington about which companies and products had gained access to the Polish market. (“None of Eli Lilly’s products were added, a blow to the company. Eli Lilly’s officials observed that the Ministry has offered no explanation.”) 
Ashe’s office also had to negotiate meetings between the Ministry of Health and Big Pharma representatives about the list of subsidized drugs. The industry via Ashe complained about a lack of transparency—a legitimate concern given that not only Poland’s health ministry but that of many other countries made its decisions behind closed doors. Big Pharma is, like most industries, addicted to clear-cut quid pro quo with US elected officials, and when it encounters resistance from other governments, the industry tends to be dumbfounded.
Finally, in 2009, after Obama had been elected and Ashe was packing up his office, he sent a remarkably blunt cable to Washington lamenting the unreasonable avarice of US pharma companies in the face of grave budget constraints for health care: “The situation in Poland should be assessed in light of the general European background. While Polish spending on health care has been increasing (Poland now spends…about $3 billion on pharmaceuticals), the cost of pharmaceuticals also continues to increase. The Polish government has to make tough policy choices regarding which drugs to fund, and at what level. While pharmaceutical companies often assert that they would be happy with a transparent process, even if it led to decisions not to fund their drugs, in practice they seem to resent all government measures aimed at cost containment, as these also inevitably limit drug companies’ sales.”
Although this cable is striking for its candor, it cannot be dismissed as the ranting of a disgruntled outgoing official; rather, this is the conclusion reached by a thick-skinned US politician whose tolerance for industry profiteering was simply exhausted by Big Pharma.
When price or patent negotiations between a pharma and a nation fail, and the nation lacks the purchasing power to access essential medicines, TRIPS allows it to institute a “compulsory license”—to shred the patent if the disease, left untreated, constitutes a public-health emergency. Such an action routinely sparks dire ire from American diplomats, as it did in Thailand, when the Thai government broke the monopoly on a prohibitively expensive HIV drug and instead imported a cheap Indian version. Offended that Thailand resorted to this option without first entering into price negotiations with the drugmaker, the US embassy began to pressure the Thai government to do so. The cable is frank about how this action would be perceived by the Thai people: “Their [for-profit medicines providers] role in saving lives through innovation has been almost totally obscured, replaced with the image of rich foreigners taking advantage of sick, defenseless Thais. Taking control of technology through a CL is, in this climate, perceived as a brave (and virtuous) act.”
In nasty retaliation, the US government placed Thailand on a “watch list” for countries that violate international trade rules, a punishment that could have serious negative effects on its economy. In2008, a new “pro-business” Thai government assumed power, and on its first day in office, agreed to review the compulsory licenses. 
The most arresting of the WikiLeaks cable may be the one from the US embassy in Venezuela, alerting the State Department to a threatened move by the loose-cannon socialist President Hugo Chavez to trash the intellectual property rights of all pharmaceutical products by publicizing on the Internet the technical information contained in each patent. Such a move would have made the molecular engineering involved in many brand name drugs available worldwide—an open source of pharma secrets. But as is so often the case with Chavez, his fighting words carry little force. Yet many Venezualans were outraged at the what the WikiLeaks cable revealed about US efforts at intervention.
Dr. Drummond Rennie, the deputy editor of the Journal of the American Medical Association and a professor of medicine at the University of California, San Francisco, said, “What worries me is the monolithic overuse of power to push pills. That’s not a future we should encourage. It’s the worst possible future.”
James Love is worried about this projection of American power abroad. As he said, “I think it’s just horrible. Everybody has their own take, and some people [in the US] don’t care about the lives of people in developing countries. I think it says something about us as a people.”
Jed Bickman is a frequent contributor to The Fix. He also writes for The Nation, CounterPunch and other websites and magazines. Walter Armstrong is deputy editor at The Fix.

Cribado de cancer de prostata – Screening of prostaste cancer


Prostate and bladder, sagittal section.Image via Wikipedia

Editorial del NEJM 26 de Marzo 2009


In the United States, most men over the age of 50 years have had a prostate-specific–antigen (PSA) test,1 despite the absence of evidence from large, randomized trials of a net benefit. Moreover, about 95% of male urologists and 78% of primary care physicians who are 50 years of age or older report that they have had a PSA test themselves,2 a finding that suggests they are practicing what they preach. And indeed, U.S. death rates from prostate cancer have fallen about 4% per year since 1992, five years after the introduction of PSA testing.3 Perhaps the answer to the PSA controversy is already staring us in the face. At the same time, practice guidelines cite the unproven benefit of PSA screening, as well as the known side effects,4,5 which largely reflect the high risks of overdiagnosis and overtreatment that PSA-based screening engenders.6
The first reports from two large, randomized trials that many observers hoped would settle the controversy appear in this issue of the Journal. In the U.S. Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial, Andriole et al.7 report no mortality benefit from combined screening with PSA testing and digital rectal examination during a median follow-up of 11 years.8 In the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) trial, Schröder et al.8 report that PSA screening without digital rectal examination was associated with a 20% relative reduction in the death rate from prostate cancer at a median follow-up of 9 years, with an absolute reduction of about 7 prostate cancer deaths per 10,000 men screened.8 The designs of the two trials are different and provide complementary insights.
First, one must ask, “Why were these results published now?” Neither set of findings seems definitive; that is, there was neither a clear declaration of futility in the PLCO trial nor an unambiguous net benefit in the ERSPC trial. Both studies are ongoing, with future updates promised. The report on the ERSPC trial follows a third planned interim analysis, which found a marginally significant decrease in prostate-cancer mortality after adjustment of the P value for the two previous looks in an attempt to avoid a false positive conclusion (yet apparently preserving no alpha for the planned final analysis). On the other hand, the investigators in the PLCO trial made the decision to publish their results now because of concern about the emerging evidence of net harm compared with potential benefits associated with PSA screening. Both decisions to publish now can be criticized as premature, leaving clinicians and patients to deal with the ambiguity.
The ERSPC trial is actually a collection of trials in different countries with different eligibility criteria, randomization schemes, and strategies for screening and follow-up. The report by Schröder et al. is based on a predefined core group of men between 55 and 69 years of age at study entry. Subjects were generally screened every 4 years, and 82% were screened at least once. Contamination of the control group with screening as part of usual care is not described. Biopsies were generally recommended for subjects with PSA levels of more than 3.0 ng per milliliter. It is unclear whether the clinicians and hospitals treating patients with prostate cancer differed between the two study groups.
Adjudications of causes of death were made by committees whose members were unaware of study-group assignments, though not of treatments. This point is important, since previous research has suggested that the cause of death is less likely to be attributed to prostate cancer among men receiving attempted curative treatment.9 Misattribution might then create a bias toward screening, since the diagnosis of more early-stage cancers in the ERSPC trial led to substantially more attempted curative treatments.
The ERSPC interim analysis revealed a 20% reduction in prostate-cancer mortality; the adjusted P value was 0.04. The estimated absolute reduction in prostate-cancer mortality of about 7 deaths per 10,000 men after 9 years of follow-up, if real and not the result of chance or bias, must be weighed against the additional interventions and burdens. The 73,000 men in the screening group underwent more than 17,000 biopsies, undoubtedly many more than did men in the control group, though the latter is not reported. Men had a substantially higher cumulative risk of receiving the diagnosis of prostate cancer in the screening group than in the control group (820 vs. 480 per 10,000 men). Diagnosis led to more treatment, with 277 versus 100 per 10,000 men undergoing radical prostatectomy and 220 versus 123 per 10,000 undergoing radiation therapy with or without hormones, respectively (tentative estimates given the unknown treatments in both groups).
Although estimates of the benefit of screening were somewhat greater for men who actually underwent testing (taking into account noncompliance) than for those who were not tested, the side effects would be proportionately higher as well. Given these trade-offs, the promise of future ERSPC analyses addressing quality of life and cost-effectiveness is welcome indeed. The ERSPC results also reemphasize the need for caution in screening men over the age of 69 years, given an early trend toward higher prostate-cancer mortality with screening in this age subgroup, although this finding may well be due to chance alone.
A final point to make about the ERSPC trial is that to the extent that the diagnosis and treatment of prostate cancer in the screening group differed from those in the control group, it becomes difficult to dissect out the benefit attributable to screening versus improved treatment once prostate cancer was suspected or diagnosed. A similar distribution of treatments among seemingly similar patients with cancer is only partially reassuring in this regard.
Despite a longer median follow-up, the PLCO trial was smaller and therefore less mature than the ERSPC trial, with 174 prostate-cancer deaths driving the power of the study, as compared with 540 such deaths in the ERSPC trial. The screening protocol was homogeneous across sites with an enrollment age of 55 to 74 years and annual PSA tests for 6 years and digital rectal examinations for 4 years, with about 85% compliance. Subjects in the screening group who had a suspicious digital rectal examination or a PSA level of more than 4.0 ng per milliliter received a recommendation for further evaluation. This strategy helped to ensure that any difference in outcome was attributable to screening, rather than downstream management. The effectiveness of screening, of course, will be determined by the effectiveness of subsequent “usual care,” but this is the same usual care that many practitioners assume has been responsible for the falling U.S. death rate from prostate cancer. Adjudication of causes of death was similar to that in the ERSPC trial.
Though the PLCO trial has shown no significant effect on prostate-cancer mortality to date, the relatively low number of end points begets a wide confidence interval, which includes at its lower margin the point estimate of effect from the ERSPC trial. Other likely explanations for the negative findings are high levels of prescreening in the PLCO population and contamination of the control group. Contamination was assessed by periodic cross-sectional surveys, with about half the subjects in the control group undergoing PSA testing by year 5. It is unclear whether these estimates reflect testing that year or since trial inception; if the former, the cumulative incidence may be even higher. The smaller difference in screening intensity between the two study groups in the PLCO trial, as compared with the ERSPC trial, is reflected in a smaller risk of overdiagnosis (23% vs. more than 70%) and a less impressive shift in cancer stage and grade distributions. Given that study-group contamination from the use of digital rectal examination was less problematic (only about 25%), ongoing results from both of these trials may necessitate rethinking the role of digital rectal examination in cancer screening.
After digesting these reports, where do we stand regarding the PSA controversy? Serial PSA screening has at best a modest effect on prostate-cancer mortality during the first decade of follow-up. This benefit comes at the cost of substantial overdiagnosis and overtreatment. It is important to remember that the key question is not whether PSA screening is effective but whether it does more good than harm. For this reason, comparisons of the ERSPC estimates of the effectiveness of PSA screening with, for example, the similarly modest effectiveness of breast-cancer screening cannot be made without simultaneously appreciating the much higher risks of overdiagnosis and overtreatment associated with PSA screening.
The report on the ERSPC trial appropriately notes that 1410 men would need to be offered screening and an additional 48 would need to be treated to prevent one prostate-cancer death during a 10-year period, assuming the point estimate is correct. And although the PLCO trial may not have the power as yet to detect a similarly modest benefit of screening, its power is already more than adequate to detect important harm through overdiagnosis. However, the implications of the trade-offs reflected in these data, like beauty, will be in the eye of the beholder. Some well-informed clinicians and patients will still see these trade-offs as favorable; others will see them as unfavorable. As a result, a shared decision-making approach to PSA screening, as recommended by most guidelines, seems more appropriate than ever.
Finally, despite these critiques, both groups of investigators deserve high praise for their persistence and perseverance: to manage such monstrous trials is a herculean task, made no easier when so many observers think the results are self-evident. Further analyses will be needed from these trials, as well as from others — such as the Prostate Cancer Intervention Versus Observation Trial (PIVOT) in the United States (ClinicalTrials.gov number, NCT00007644 [ClinicalTrials.gov] )10 and the Prostate Testing for Cancer and Treatment (PROTECT) trial in the United Kingdom (Current Controlled Trials number, ISRCTN20141297 [controlled-trials.com] )11 — if the PSA controversy is finally to sleep the big sleep.
No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

Source Information

From Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Boston.

This article (10.1056/NEJMe0901166) was published at NEJM.org on March 18, 2009.
References

  1. Ross LE, Berkowitz Z, Ekwueme DU. Use of the prostate-specific antigen test among U.S. men: findings from the 2005 National Health Interview Survey. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008;17:636-644. [Free Full Text]
  2. Chan EC, Barry MJ, Vernon SW, Ahn C. Brief report: physicians and their personal prostate cancer-screening practices with prostate-specific antigen: a national survey. J Gen Intern Med 2006;21:257-259. [CrossRef][ISI][Medline]
  3. Ries LAG, Melbert D, Krapcho M, et al. SEER cancer statistics review, 1975–2005. Bethesda, MD: National Cancer Institute, 2008. (Accessed March 6, 2009 at http://seer.cancer.gov/csr/1975_2005/.)
  4. Smith RA, Cokkinides V, Brawley OW. Cancer screening in the United States, 2008: a review of current American Cancer Society guidelines and cancer screening issues. CA Cancer J Clin 2008;58:161-179. [Free Full Text]
  5. U. S. Preventive Services Task Force. Screening for prostate cancer: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med 2008;149:185-191. [Free Full Text]
  6. Barry MJ. Why are a high overdiagnosis probability and a long lead time for prostate cancer screening so important? J Natl Cancer Inst (in press).
  7. Andriole GL, Grubb RL III, Buys SS, et al. Mortality results from a randomized prostate-cancer screening trial. N Engl J Med 2009;360:1310-1319. [Free Full Text]
  8. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ, et al. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. N Engl J Med 2009;360:1320-1328. [Free Full Text]
  9. Newschaffer CJ, Otani K, McDonald MK, Penberthy LT. Causes of death in elderly prostate cancer patients and in a comparison nonprostate cancer cohort. J Natl Cancer Inst 2000;92:613-621. [Free Full Text]
  10. Wilt TJ, Brawer MK, Barry MJ, et al. The Prostate cancer Intervention Versus Observation Trial: VA/NCI/AHRQ Cooperative Studies Program #407 (PIVOT): design and baseline results of a randomized controlled trial comparing radical prostatectomy to watchful waiting for men with clinically localized prostate cancer. Contemp Clin Trials 2009;30:81-87. [CrossRef][ISI][Medline]
  11. Donovan J, Hamdy F, Neal D, et al. Prostate Testing for Cancer and Treatment (ProtecT) feasibility study. Health Technol Assess 2003;7:1-88. [Medline]

I just want permission to be ill’: towards a sociology of medically unexplained symptoms


Logo for PubMed, a service of the National Lib...Image via Wikipedia

Soc Sci Med. 2006 Mar;62(5):1167-78. Epub 2005 Aug 30.

I just want permission to be ill’: towards a sociology of medically unexplained symptoms.

Source

University of York, York, UK. sjn2@york.ac.uk

Abstract

A significant proportion of symptoms are medically unexplained. People experience illness but no pathological basis for the symptoms can be discerned by the medical profession. Living without a clinical diagnosis or medical explanation has consequences for such patients. This paper reports on a small qualitative interview-based study of 18 neurology outpatients in England who live with such medically unexplained symptoms (MUS). The findings broadly concur with those identified in the related literatures on medically unexplained syndromes and unexplained pain: the difficulties of living with uncertainty; dealing with legitimacy; and a resistance to psychological explanations of their suffering. From a thematic analysis of the interview data we identify and elaborate on three related issues, which we refer to as: ‘morality’; ‘chaos’; and ‘ambivalence’. Although this article presents empirical data its aim is primarily conceptual; it integrates the findings of the empirical analysis with the existing literature in order to try to make some sociological sense of the emergent themes by drawing on sociological and cultural analyses of risk and the body. We draw on Bauman‘s concept of ambivalence to suggest that the very processes associated with more precise ‘problem solving’ and ‘classification’ do, in fact, generate even more uncertainty and anxiety. On the one hand, we seek closure and certainty and yet this leaves no means of living with uncertainty. Indeed, society does not readily grant permission to be ill in the absence of disease. We conclude by suggesting that an appreciation of the experience of such embodied doubt articulated by people who live with MUS may have a more general applicability to the analysis of social life under conditions of late modernity.

PMID:

 

16135395

 

[PubMed – indexed for MEDLINE]

Related articles

Compendio de Ruidos Cardiacos


http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6771116&show_comments=true&auto_play=false&color=2f00ff Compendio de ruidos cardiacos by rubenroa


Con las nuevas tecnologias, se nos presentan también nuevos desafios, en mi caso, hace ya unos años mi Littman pasó a ser digital, aunque por cierto ya quedó también quedó obsoleto porque las posibilidades de hacer un fonocardiograma se ven limitadas ya que los ordenadores empezaron a abandonar la lectora óptica. Aquí les muestro otra novedad, que sin duda ayuda, si es que todavia vale aquello de “tecnologias apropiadas” en atención primaria. Lo que si no tengo dudas, es que cada vez escucharemos más, y tendremos que re-aprender nuestra vieja semiologia.


———




El estetoscopio, ese símbolo de la medicina y herramienta inseparable de los facultativos, podría empezar a desparecer de los hospitales en todo el mundo con la llegada de una nueva aplicación para el iPhone.


Se trata del iStethoscope, un programa de software que cuesta menos de un dólar y que convierte al teléfono inteligente en un estetoscopio digital que permite controlar los latidos del corazón y otros ruidos del cuerpo humano, además de grabar las ondas de esos sonidos.


Según su creador, Peter Bentley, investigador de la Universidad de Londres, más de tres millones de médicos ya han descargado el iStethoscope.


Impact of facilitating physician access to relevant medical literature on outcomes of hospitalised internal medicine patients: a randomised controlled trial


The CIT Program database contains more than 8,...Image via Wikipedia

  • Methods
  • Qualitative research                                  

Impact of facilitating physician access to relevant medical literature on outcomes of hospitalised internal medicine patients: a randomised controlled trial

Editor's Choice

  1. Ariel Izcovich1
  2. Carlos Gonzalez Malla1
  3. Martín Miguel Diaz1
  4. Matías Manzotti1,
  5. Hugo Norberto Catalano1
+Author Affiliations

  1. 1Medical Clinical Service, Internal Medicine Department, School of Medicine, Hospital Alemán de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
  1. Correspondence toAriel Izcovich Pueyrredon 1640, Zip code C1118AAT, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; hambp2008@gmail.com
  • Accepted 5 July 2011

Abstract

Introduction There is limited high-quality evidence regarding the usefulness of bibliographic assistance in improving clinically important outcomes in hospitalised patients. This study was designed to evaluate the impact of providing attending physicians with bibliographic information to assist them in answering medical questions that arise during daily clinical practice.
Methods All patients admitted to the Internal Medicine ward of Hospital Aleman in Buenos Aires between March and August 2010 were randomly assigned to one of two groups: intervention or control. Throughout this period, the medical questions that arose during morning rounds were identified. Bibliographic research was conducted to answer only those questions that emerged during the discussion of patients assigned to the intervention group. The compiled information was sent via e-mail to all members of the medical team.
Results 809 patients were included in the study, 407 were randomly assigned to a search-supported group and 402 to a control group. There was no significant difference in death or transfer to an intensive care unit (ICU) (RR 1.09 (95% CI 0.7 to 1.6)), rehospitalisation (RR 1.0 (95% CI 0.7 to 1.3)) or length of hospitalisation (6.5 vs 6.0 days, p=0.25). The subgroup of search-supported physicians’ patients (n=31), whose attending physicians received hand-delivered information, had a significantly lower risk of death or transfer to an ICU compared with the control group (0% vs 13.7%, p=0.03).
Conclusions The impact of bibliographic assistance on clinically important outcomes could not be proven by this study. However, results suggest that some interventions, such as delivering information by hand, might be beneficial in a subgroup of inpatients.

Introduction

Searching for information in books or consulting a specialist has been the most traditional way to answer questions that arise during patient care.1 The ability to search for information, along with its increasing accessibility, allows physicians who have the skills to perform critical appraisal to answer questions based on high-quality evidence. Therefore, it is extremely important to use search resources and an ability to perform critical appraisal, as tools to provide the best evidence-based patient care.
In a systematic review by Dawes and Sampson,2 different reasons are mentioned as to why most physicians do not use bibliographic searching to answer daily questions. Some of these reasons are limited time to perform the research, lack of training in critical appraisal of the information found and low expectations for finding a relevant and direct answer to questions (ie, useful for patient’s care, unbiased and easily accessible).3
Bibliographic assistance could be a useful tool for answering medical questions that arise during patient care, not only for its academic importance, but also for improving patient-important outcomes.
There is limited high-quality evidence regarding the impact of bibliographic assistance on clinically important outcomes for hospitalised patients. The vast majority of the evidence comes from uncontrolled studies that have a high risk of biased results.4
We conducted a randomised study to determine the proportion of admitted patients who generate questions for attending physicians, to compare the outcome of these patients with those who do not generate questions and to evaluate the usefulness (in terms of important patient outcomes) of facilitating information access for physicians who work with admitted patients on internal medicine services.

Context

In 2009, intending to increase the utilisation of EBM resources in daily medical practice, a specialist in internal medicine and trained and skilled in evidence-based medicine was hired in the general internal medicine unit of the Hospital Aleman de Buenos Aires. His work, starting in 2009, consisted of identifying and answering medical questions that arose mainly during daily morning reports. A review of this process found that 80% of the questions identified could be successfully answered, 60% of them based on high-quality evidence. Most of the identified questions were about treatment and prognosis and could be classified as haematology, oncology, infectious diseases or cardiopulmonary questions.5
A survey answered by resident and staff physicians working on the internal medicine ward showed that 72% of the publications delivered were useful information and 42% motivated changes in medical practice for at least one of the participating physicians.6

Methods

From March 2010 through August 2010, all patients admitted to the general internal medicine ward of the Hospital Aleman de Buenos Aires were randomly assigned to an intervention (search-supported) group or a control group in a 1:1 ratio by flipping a coin at the time of admission.
Morning report is held daily on the General Internal Medicine Service. It is attended by resident physicians, staff physicians and heads of wards, and new admissions and other inpatients are discussed.
During the course of this study, a physician who is a specialist in internal medicine and who was trained and skilled in evidence-based medicine and whose work is funded by the Internal Medicine Service identified the medical questions that arose during morning reports. Such questions were either explicitly formulated by staff or resident physicians or inferred by the physician responsible for collecting them. Questions were collected using the PICOT structure (Population/Problem, Intervention, Comparison, Outcome, Type of design that would answer the question)7 in order to gather key words for the literature search. In some cases, the questions were answered immediately by someone who was present in the session, frequently, using electronic resources such as UpToDate. Those questions were excluded from this study.
The same physician who collected the questions also searched the literature for evidence. He answered only those questions obtained from the discussions of the inpatients that were assigned to the intervention (search-supported) arm and not those obtained from inpatients assigned to the control arm. The literature search was carried out once the morning report was over and it was considered finished 12 h after it started. The sources used in this search were Cochrane Library, PubMed and Lilacs.
The literature found was sent by e-mail to the whole medical team, including those physicians directly responsible for the care of the patient who had prompted the question. Emails were sent daily, from Monday to Thursday, and they included a brief summary of the literature found to address each of the questions answered that day, a critical appraisal of the papers based on the User’s Guides8 and the papers themselves attached in PDF format. In some cases, the literature was printed out and delivered by hand, directly to the professionals involved. The following criteria were used to choose to deliver information by hand: (1) one of the physicians directly involved in the care of the patient who prompted the question requested the information in hardcopy or (2) the physician who searched for the information considered that the literature could alter the diagnostic and therapeutic strategy for the patient who prompted the question. Follow-up of the patients included in the study was done, prospectively, from 1 March 2010 to 15 August 2010 through spreadsheets that were prepared everyday by the resident physicians working on the Service.
The process of medical question identification and answering described for the intervention arm is the usual practice on the internal medicine service of the Hospital Aleman de Buenos Aires since 2009. This job is carried out since then, by the same physician who did it during the study.
The outcomes considered were a composite of in-hospital death or transfer to an intensive care unit (ICU), death, transfer to an ICU, length in days of hospital stay and rehospitalisation during the course of the study.
The primary analyses compared the randomised groups (patients assigned to the intervention arm versus patients assigned to the control arm) and the non-randomised groups (patients who prompted questions versus patients who did not prompt questions).
We also planned a priori subgroup analyses among patients who prompted at least one question, particularly regarding patients whose attending physicians received information delivered by hand.
Normally distributed numerical variables were compared by Student’s t tests and dichotomous variables were assessed using RR and absolute risks, by χ2 tests with continuity corrections or Fisher’s exact test, as applicable. Tests of significance were two-tailed, and a p value of less than 0.05 or 95% CI excluding 1 were considered significant. All the calculations were performed using STATA v11.0 software. A post hoc power analysis with α error value of 0.05 and a two-tailed test for each outcome was performed using G*power 3 software (http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3/). The power of the study for each of the evaluated outcomes was length of stay 16%, death or ICU 5%, and rehospitalisation 5%.

Findings

A total of 809 patients were included in the study, 407 were randomised to the search-supported arm and 402 were randomised to the control arm (figure 1).
Figure 1

View larger version:

Figure 1

Group assignment and questions identified/answered
The average age of the patients included in the study was 66 years (95% CI 65 to 67 years old). Baseline characteristics were similar in both arms (table 1).
View this table:

Table 1

Baseline characteristics
Of all the patients included in the study, 151 (19%, 95% CI 15% to 21%) prompted at least one question: 78 (19%, 95% CI 15% to 23%) randomised to the search-supported arm and 73 (18%, 95% CI 14% to 21%) randomised to the control arm. Most of the questions identified were about treatment or prognosis (table 1). The average number of questions per patient was 1.2. The total number of collected questions was 188.
The questions about 77 of the 78 patients who were randomised to the search-supported arm were satisfactorily answered. For 31 of these patients, the information was delivered by hand to their attending physicians (see figure 1).
The combined outcome of death or transfer to an ICU occurred for 76 patients (9.3%, 95% CI 7.3% to 11.4%). The number of readmissions during the course of the study was 135 (16.6%, 95% CI 14.1% to 19.2%). The average length of stay for the study population was 6.3 days (95% CI 5.8 to 6.7 days).
The patients who generated questions had an increase in the risk of being transferred to an ICU (RR 2.0, 95% CI 1.1 to 3.9) and had significantly longer hospital stays, compared with those who did not (7.7 vs 6.0 days, p=0.004). The risk of death (RR 1.5, 95% CI 0.9 to 2.5) and rehospitalisation (RR 1.03, 95% CI 0.7 to 1.5) were not different between those who did and did not generate questions.
The comparisons between search-supported and control groups were not statistically significant (table 2).
View this table:

Table 2

Primary/subgroup analysis
Among patients who prompted questions, the subgroup of patients (31 patients) whose questions were answered and whose attending physicians received hand-delivered information had a significantly lower risk of death or transfer to an ICU compared with the control group (0 vs 10 deaths or transfers, 0% vs 13.7%, p=0.03). There were no significant differences between these groups in ICU transfer (0 vs 8 (11%), p=0.1), death (0 vs 2 (2.7%), p=1.0) rehospitalisation (5 vs 14 rehospitalisations, 16.1% vs 19.1%, RR 0.8, 95% CI 0.3 to 2.1, p=0.7) and days of hospitalisation (5.5 vs 6.8, p=0.3).

Discussion

To our knowledge, this is the first randomised study that attempts to measure the impact of bibliographic assistance by physicians on clinically important outcomes for admitted patients.
Many questions arise for physicians during patient care. Ely et al9 identified 1101 questions that emerged during patient visits over a period of 732 h in the primary care ambulatory setting, which averages approximately three questions every 2 h. Sackett and Straus10 identified 98 questions generated during the care of 166 hospitalised patients in a period of 30 days.
In this study, we found that one in five patients generated at least one clinical question. Those questions were identified during case discussion and not during patient visits. This could have led to a difference in the number and complexity of questions compared with the previously mentioned studies. It is important to note that numerous questions were dismissed because they were resolved immediately using resources like UpToDate. This could be the explanation for the difference between the number of questions reported herein and by Sackett and Straus.10
In this study, we found that patients who generated questions had a twofold increase in the risk of being transferred to an ICU and had a significantly longer hospital stay compared with those who did not. We have not been able to find similar studies; therefore we could not compare our results with other experiences. Although it was not explored in the present study, one explanation for the increase in the risk of being transferred to an ICU and the longer hospital stay of those patients who generated questions could be that these patients had more complex pathologies than those who did not generate questions.
A systematic review by Weightman and Williamson4 that included 28 studies and evaluated the impact of bibliographic assistance on different outcomes found that most of the studies evaluated changes in physicians’ decisions (surrogate outcomes) and only six studies reported outcomes that could have been considered as clinically relevant. All of these studies had observational designs.
Two randomised controlled trials11 12 evaluated the usefulness of bibliographic assistance on changing physicians’ attitudes towards searching for information and their satisfaction but did not measure important patient outcomes. Banks et al13 in a case-control study evaluated the impact of facilitating information access for physicians who cared for hospitalised patients on the length of hospital stay. We intended to measure important patient outcomes using a randomised design attempting to reduce the risk of bias.
The primary analysis results did not show benefits of the intervention on the outcomes evaluated. This could be explained, as shown by the post hoc power analysis, by the limited number of patients enrolled. It is now clear that the type of intervention we evaluated and its impact on those outcomes would require a larger sample in order to prove its benefits.
The published results that are found in the literature regarding the impact of bibliographic assistance on medical practice are heterogeneous.4 Some studies have demonstrated benefits on important patient outcomes like the one performed by Banks et al,13 which suggest that facilitating information access for physicians who take care of hospitalised patients could result in a shorter length of hospital stay.
In a review performed by Bryant and Gray,14 they state that there is not only a limited amount of literature on this subject, but that it is also based on trials with small sample sizes and with high heterogeneity in quality, data analysis, way of reporting results and design. This makes it difficult to apply the results to daily practice.
Hence, considering the low methodological quality of the studies and the inconsistency of their results, we can conclude that the quality of the existing evidence regarding the impact of bibliographic assistance on important patient outcomes is poor. In this context, this study attempts to bring light to the existing evidence with a design that reduces the risk of biased results. Nevertheless, there are some weaknesses of our study that could make the interpretation of its results difficult. First, it has limited statistical power to prove the intervention benefits or to believe that this was a negative study. Second, we did not measure whether the information provided to the attending physicians was actually used in patient care. These data could have been useful for understanding why the two groups did not differ in outcomes. Finally, only questions that arose during morning reports from Mondays through Thursdays were answered. This delay in the identification and answer of questions that might have arisen from Fridays to Sundays could have negatively affected the impact of the intervention.
In the primary analysis, our results did not reach statistical significance. However, we found that bibliographic assistance might have an impact on the subgroup of patients whose attending physicians received hand-delivered information. This intervention seemed to decrease the rate of transfer to ICUs and in-hospital mortality. According to the criteria proposed by Sun et al,15 it is unlikely that the differences found in the subgroup of patients whose physicians received hand-delivered information are due to a real effect of the intervention, since the variable was measured after the allocation of the randomisation, and the number of events in one group was 0, making it difficult to appropriately estimate the effect. We believe that the differences observed in this subgroup probably stem from differences in prognosis and not from the effects of the intervention. Nevertheless, we consider that the hypothesis of the existence of a subgroup of patients, who could particularly benefit from some type of bibliographic assistance, should be considered when designing future studies.

Conclusion

Admitted patients frequently raise questions that require the assignment of specific resources to be answered. Those patients who generate questions seem to have a higher risk of being transferred to an ICU and a longer hospital stay. The usefulness of the bibliographic assistance to change patient important outcomes could not be demonstrated in this study. The results suggest the existence of a subgroup of patients who might benefit from interventions such as delivering information by hand. This hypothesis could be tested in future studies.

Acknowledgments

We appreciate Melissa Kucharczyk’s contribution to the translation of this article into English.

Footnotes

  • Competing interests None.

References